LA PRIMERA valoración sobre el plan presentado por el Gobierno central es para constatar el éxito de la movilización valiente y sostenida de la sociedad gallega que ha terminado por obligar a un cambio radical del discurso gubernamental. Desde la minimización inicial del problema se ha pasado al reconocimiento de que Galicia está en una situación de emergencia, por lo que necesita de un plan económico de reactivación cuantificado en 12.459 millones de euros. Sin duda esta cifra es muy importante y la próxima tarea de la sociedad gallega será la exigencia de que se cumpla este plan, en el que está comprometida la palabra del presidente del Gobierno. Está tarea, sin embargo, va a ser difícil de realizar porque el documento aprobado ayer incumple con las condiciones básicas de un plan de inversiones: no se concretan los proyectos, no se definen los plazos de ejecución y no se determina la forma de financiación. Por eso, más que un plan, son las cuentas del Gran Capitán. Así, en el documento se mezclan y acumulan inversiones que ya se están realizando con las inversiones previstas en la programación plurianual de los presupuestos y con otras cifras que no son más que ideas que sólo podrán materializarse a muy largo plazo. E incluso se incluye algo inaceptable, como es incluir como inversión nueva para Galicia los gastos, más de 1.000 millones de euros, de la limpieza de la marea negra. El Gobierno lanza una cifra global para reconocer de forma inmediata que sólo 5.200 millones, menos del 42% del total, son inversiones nuevas. El resto se corresponde con la inversión ordinaria prevista para Galicia, que además se sitúa siempre por debajo de lo que con lógica distributiva le correspondería. Pero la crítica fundamental es que esa inversión nueva no está materializada en proyectos avanzados que pueda realizarse en el corto o el medio plazo, ya que se está hablando de ideas que tienen periodos de maduración de años. Veamos un ejemplo clarificador. El 60% del total de la inversión nueva se adjudica a tramos de alta velocidad ferroviaria que, como reconoce el Gobierno en el texto, no están todavía ni siquiera en la fase de estudio del proyecto. Y sin embargo en el documento no figura el coste de los estudios, que es la tarea que se puede realizar en los próximos años, sino que ya incluye en el plan el coste de las obras por un importe de 3.000 millones de euros cuando se sabe que hasta por lo menos diez años no se realizarán. Una pregunta final. ¿Cuál es la inversión nueva prevista por el Gobierno en los próximos tres años en su plan? Ninguna, ya que no tiene proyectos que pueda estar realizando en esas fechas. La prueba del nueve de esta falta de concreción del plan es la afirmación del Gobierno de que no es necesario un crédito extraordinario con cargo a los presupuestos de 2003: para qué lo necesita, si en realidad no va a ejecutar nada nuevo.