Dos ministerios, dos, trabajan en poner ética en las empresas que cotizan en Bolsa. Me dan ganas de gritar: ¡Viva la coordinación! Por un lado, Economía elabora un Libro blanco para combatir la epidemia de los fraudes contables. Por otro, Justicia, cuyo titular, Ángel Acebes, acumula méritos reformistas, prepara una ley con el mismo fin. Sus exegetas la califican como reforma drástica e histórica . Me sorprende tanta dedicación gubernamental, pocos días después de que Blas Calzada dijera que los casos Enrom, Worldcom o Vivendi nunca existirán en España. Por primera vez no es cierto lo de «díjolo Blas, punto redondo». La santa verdad es: díjolo Blas, hay que prepararse por si acaso... Aquí nadie se fía de nadie. Cualquier día puede saltar un escándalo. Centenares de altos ejecutivos están dispuestos a mentir en sus cuentas, con tal de ofrecer buenos resultados, engatusar al inversor y ganar un espléndido bonus. En la alta dirección empresarial también existe picaresca, parienta próxima de la delincuencia. Ya lo decía la buena literatura demagógica: «delincuentes de cuello blanco». Lo que ocurre es que, si un pobre roba una gallina, va a la cárcel y no pasa nada. Si un ejecutivo engaña a ciudadanos y organismos públicos, provoca un cataclismo económico, pero es difícil que vaya a prisión. Conocen los recovecos legales, aprovechan sus vacíos y confían en que nadie conseguirá penetrar en sus secretos blindados. Y encima, la Justicia parece impotente para aplicar las normas y sancionar al infractor. ¿Cuánto tiempo lleva Ruiz Mateos esperando juicio? ¿Cuántos años se ha tardado en completar la instrucción del señor Botín? Por eso da gusto ver a dos ministros tratando de buscar la claridad legal. Con un poco de suerte llegarán a un acuerdo y harán el milagro: pondrán tanto interés en impedir el fraude contable como en perseguir el fraude del paro. En ese momento podremos decir: la ética empieza a ser exigida a alguien más que a los pobres. ¿Será posible? Debo haber cogido una insolación.