Buenos días, soledad. Ayer, el Gobierno de José María Aznar consiguió su victoria parlamentaria más triste: logró sacar adelante el decreto-ley de reforma del paro, pero nadie le acompañó con su voto. El Partido Popular es el único que respalda la reforma. Nadie más se quiere hacer responsable -quizá habría que decir «cómplice»- de una norma condenada a ser conocida como el decretazo . Podrá ser una reforma magnífica, como dicen todos los ministros. Podrá modernizar el mercado del trabajo, como decía ayer Juan Carlos Aparicio. Pero algo malo debe tener cuando nadie la respalda. Políticamente, ha sido un mal día para el PP. Es la primera vez que este Gobierno saca adelante un proyecto en el Congreso sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Le han fallado, incluso, los complacientes parlamentarios de Coalición Canaria. Y eso rompe una imagen que con mucho esmero habían labrado hombres como Javier Arenas: el PP es un partido dialogante. Aunque disfrute de mayoría suficiente, nunca la ha querido utilizar para imponer sus criterios. Así lo decía Arenas en su discurso ante el Congreso del partido. Todo eso se ha caído por los suelos. Y se ha caído en el momento peor: cuando faltan seis días para una huelga general, causada precisamente por ese decreto-ley; cuando se reprocha al Gabinete Aznar un estilo arrogante; cuando se le acusa de no tener una coordinación política efectiva, y cuando se acaba de ligar la legitimidad de la Ley de Partidos a la cantidad de respaldo -el 95 por ciento-que encontró en el Congreso. Si ese razonamiento de legitimidad fue válido para una ley, también lo debe ser, a la inversa, para este decreto. Los sindicatos pueden decir, por tanto, que la reforma laboral nace con una legitimidad limitada. Y todo, porque alguien entendió la protesta sindical como un pulso. Todo, porque en la dialéctica de estos días, alguien entendió que había que ganar a toda costa. Y se ha demostrado que, en política, un buen empate siempre es un magnífico resultado.