¿Qué opinan los obispos españoles de la sucesión de Fraga? ¿Y de las suspensiones de los planes urbanísticos? ¿Qué piensan de la ausencia de Molina del Mundial de fútbol? ¿Qué tienen que decir a la animadversación de los portugueses hacia gallegos y españoles? ¿Por qué no han criticado los habituales retrasos de Iberia? ¿Qué solución ofrecen para romper la tendencia alcista de la inflación? Tenemos un problema. Los obispos han irrumpido en política. Quieren gobernar. Como lo intentan socialistas, comunistas y nacionalistas. Pero sin pasar por las urnas. Y con la pastoral de sus compañeros vascos sobre la Ley de Partidos han logrado su propósito. Tener presencia y decisión en la gobernabilidad del país. Los obispos españoles ya negocian con el Gobierno. Lo han hecho tras anunciar una dura crítica a la Ley de Extranjería. Al final hubo acuerdo. En las consultas electorales piden el voto. Alguno ha llamado a la huelga general de la próxima semana. Pronto intervendrán sobre el comportamiento de las Bolsas españolas. Por eso hay que frenar esta dinámica. No nos imaginamos a los prelados franceses poniendo en entredicho una ley aprobada por el Parlamento. Ni a los alemanes o belgas negociando con el Ejecutivo. Les estamos dando una importancia que no les corresponde. Porque el error de Aznar, que gobierna un Estado laico, es hacerlos partícipes del debate político. Cuando no lo hace, por ejemplo, con el Gremio de Encofradores. O la Asociación Nacional de Ex-fumadores. El papel de los obispos, en una sociedad democráticamente adulta, no es el que están desempeñando los españoles. Buscan que nos arrodillemos ante sus opiniones. Aunque no se reduzcan a cuestiones morales o éticas. Hay que acabar con este espectáculo. Porque precisamente una de las labores de las democracias es evitar que determinadas creencias, por muy mayoritarias que sean, condicionen la gobernabilidad del país. Aquí no lo estamos consiguiendo.