LAS ENCUESTAS

GERARDO GONZÁLEZ MARTÍN

OPINIÓN

04 jun 2002 . Actualizado a las 07:00 h.

La huelga general de dentro de quince días ya es motivo de encuestas. En una realizada por Sigma 2 hay algunas preguntas vinculadas entre sí que tienen especial interés. Según los que responden, más de un 71 por ciento considera que existe fraude por parte de los parados que cobran el desempleo; más o menos mitad por mitad dicen que mucho o regular. Para algo más del 24 por ciento el fraude es poco. Para un gobernante que se guiara por los sondeos de opinión, este dato justificaría una reforma laboral que a tenor de lo que uno escucha por la calle debería haber llegado hace tiempo. Quizá teniendo también en cuenta los argumentos de lo que estimo un número nada desdeñable de españoles: los parados deberían devolver a la sociedad en alguna medida el esfuerzo que se hace por ellos, trabajando en aquellas prestaciones sociales que en cada momento se consideraran de interés. En la encuesta de Sigma 2, los que detectan tan inquietante fraude en el paro, a la hora de juzgar algunas soluciones se alinean contra el gobierno, y más de un 60 por ciento estima que debe ser el parado quien decida cuando una oferta de trabajo es adecuada, frente a solamente un 20,8 por ciento que considera que debería ser competencia de la Administración determinar la idoneidad de la oferta. Cabe suponer que los que responden dan por hecho que los defraudadores se incluyen entre los legitimados para estimar la adecuación del puesto de trabajo que les ofrezcan. Hay teorías que señalan que a veces, en las encuestas, el preguntado responde, más que lo que para él es la verdad, lo que le permite quedar bien ante los demás, a pesar de la evidencia de que en los sondeos se guarda en secreto la identidad de quien participa. Si no fuera así, no se entendería muy bien que, reconocido un altísimo grado de fraude en el desempleo, no se fuera consecuente defendiendo medidas de cierta severidad para corregirlo. A no ser que a un sector de la población le importe poco lo que pase con los caudales públicos, en un país en el que, en general, preservar lo público no parece que importe todo lo necesario.