ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
06 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Lo malo de las víctimas de ETA es que, pese a sus incontables sufrimientos, no han logrado convertirse en una minoría protegida por los códigos temibles de la corrección política. Desde esta perspectiva, las desgraciadas víctimas de ETA no equivalen, pongamos por caso, a un grupo étnico. Ello explica la actitud con que muchos intelectuales y políticos se enfrentan estos días a la ley que el Parlamento pretende poner en manos de los jueces para que aquéllos puedan, en su caso, disolver a Batasuna por no respetar los principios democráticos. ¿Se imaginan qué sucedería si estuviésemos hablando de disolver un partido que defendiera el derecho de una banda fascista a eliminar, mediante el asesinato selectivo y el terror, a los negros que viven en España? ¿Qué opinarían, en tal caso, políticos de izquierda o intelectuales progresistas que muestran hoy muy estrictas prevenciones ante una ley que podría dar pie a la disolución judicial de Batasuna? Yo se lo diré: afirmarían que esa ley contra los que defienden a los asesinos de los negros es una exigencia inexcusable del Estado democrático y que ningún hombre de bien podría mirarse al espejo viviendo en un país que tolerase a quienes amparan el etnicidio competir en elecciones, obtener fondos del Estado y utilizar espacios gratuitos de televisión para hacer propaganda electoral de sus ideas. Pues bien: todo eso, y mucho más, puede hacer ahora Batasuna pese a llevar años defendiendo la legitimidad de ETA para asesinar a los negros de Euskadi ¿los no nacionalistas¿, para secuestrarlos, quemarles sus bienes, aterrorizarlos y forzarlos al exilio. La Ley de Partidos pretende acabar con este escándalo. No se trata con ella de permitir a los jueces perseguir partidos por razones penales ¿cosa esa que los jueces pueden hacer ya desde hace mucho¿ sino de darles un instrumento que les permita disolver partidos que no respeten los principios democráticos. Repito: no se trata de perseguir penalmente a Batasuna, a sus afiliados o a sus votantes, por el mero hecho de serlo, sino sólo de evitar que ese grupo se beneficie de los privilegios que tienen en España los partidos. Pues no debe disfrutarlos quien se vale de ellos para defender la sistemática violación de los derechos de decenas de miles de personas. Sean cuales sean sus ideas, que nadie pone en discusión, la democracia no puede amparar a quienes han convertido la defensa del asesinato, el secuestro y la extorsión en su seña principal de identidad. Escribía el filósofo Edmund Burke que las leyes, como las casas, se apoyan unas en otras. Sin la que ahora se propone, nuestras leyes acabarían antes o después amenazadas de ruina: la que provocaría el inhumano desamparo en el que hoy viven tantos vascos frente a los matones que se consideran con derecho a eliminarlos.