Ya tenemos el ansiado borrador de la Ley de Calidad de la Enseñanza. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, lo ha presentado hace sólo unas horas. Con él se pretende acabar con la caótica situación que se viene viviendo en los últimos años y corregir los elevados índices de fracaso escolar. Evidentemente, este documento puede ser enriquecido con nuevas aportaciones. Puede incluso que sea insuficiente, que tenga serias lagunas, como han dicho padres y profesores. O que se trate de un texto valiente como apuntó el conselleiro Celso Currás. Pero, al margen de una acción directa sobre el alumnado, el principal pilar, existen otros actores sobre los que hay que actuar con igual determinación. Y el más importante es el profesorado. Puede el Ministerio de Educación hacer las reformas que le vengan en gana para que nuestros escolares salgan de los centros sabiendo quién era Séneca. Todo será poco. En eso estamos todos de acuerdo. Pero también lo estamos en que mientras se centra la pretendida reforma en este colectivo, todo parece indicar que sus profesores van a seguir en el olvido. Es difícil abordar una reforma cuando sus timoneles padecen una situación como la del profesorado de este país. La congelación de sus salarios, las deficientes instalaciones, la mentalidad funcionarial de una gran parte de ellos, la ausencia de iniciativas de los equipos directivos, la falta de respuesta a sus requerimientos y el hastío por las permanentes desatenciones, los hacen vivir en un grado de desmotivación tal que lleva a vaticinar un panorama sombrío. Cuando está en juego el futuro de nuestros jóvenes hay que abordar la reforma en toda su amplitud. De lo contrario, es inútil intentarlo. Porque, incluso antes de arrancar está condenada al fracaso. La ministra y su orfeón autonómico tienen que tenerlo claro. Si no, es mejor que dejen todo como está.