¿Se ha puesto a pensar alguna vez que pasaría si, sólo por un día, su ayuntamiento decidiese cerrar y no llevar a cabo ninguna de sus actividades «reales»? La lista de situaciones problemáticas seguro que sería interminable. Posiblemente las primeras en las que pensaría señalar las obvias dentro de las «competencias» municipales: basura sin recoger, atascos ante la ausencia de policía y regulación semafórica, el grifo del agua inoperante, el bus no estaría en su lugar, etc. Sin embargo, hay otras que me gustaría recordarle por no ser tan obvias su «competencia» municipal y en la practica asumida por la ciudadanía: la calefacción de los colegios públicos estaría apagada, las escuelas deportivas cerradas, las mujeres maltratadas tendría que ir a su infierno diario, la clase de inglés de su hijo en preescolar no se llevaría a cabo, el centro cívico donde se ofrecen servicios de toda índole no estaría disponible, las personas mayores o discapacitadas no serían atendidas por el servicio de atención a domicilio; las bibliotecas permanecerían cerradas, las piscinas no funcionarían, la promoción de empleo no actuaría, por que todas esas y muchas más, junto a lo que normalmente se piensa que tiene que hacer un Ayuntamiento lo hacen, unos más que otros, los diversos entes locales a lo largo de todo el territorio y todo ello sin la suficiente y necesaria financiación. Sin embargo, lo tiene que hacer para dar respuesta a las demandas de la sociedad y porque no hay otra administración que lo haga. Negociación política Por ello, es preciso llevar a cabo una decidida negociación política que reconociendo la labor competencial de los Ayuntamientos, la «básica» y la «real», permita a los ciudadanos tener una institución, la más próxima a ellos, con capacidad económica y con competencias reales adecuadas a la sociedad del día de hoy. La proximidad, ejercer el principio de subsidiaridad, exige que se produzcan cambios legislativos que trasladen a la naturaleza legal la realidad de la actividad municipal pero también evitar que las disfunciones que ahora suceden se soluciones y para ello es necesario que lleven consigo los correspondientes respaldos financieros. Esto exige tomar dos decisiones: asumir que toda asunción de competencias tiene que ir acompañado de la financiación efectiva y segunda, e igual de importante, llevar a cabo una reforma de la Ley de Haciendas Locales que, sin incrementar la presión fiscal, aporte los recursos necesarios para que las corporaciones locales puedan ser eficaces y eficientes. ¿Cómo debería ser?. Los Ayuntamientos, como parte integrante de las administraciones públicas, deberían participar de los rendimientos de las dos figuras tributarias más potentes, IRPF e IVA, interrelacionándolos con las competencias asumidas y de esta forma evitando incrementos de la presión fiscal al compartir entre todos los que todos pagamos. Eficacia Y luego no inventar mucho más, sólo ser más eficaces: utilizar el IBI en todas sus posibilidades y para ello exigir que el órgano estatal correspondiente realice una gestión impecable del Catastro y permitir a los Ayuntamientos el ejercicio de la corresponsabilidad plena en este impuesto. Permitir que el IAE, sea de verdad justo y se libere del sambenito de que afecta a la actividad empresarial, cuestión que se conseguirá si la Administración Central, el PP, permitiera que se deduzcan las cuotas pagadas por IAE de las cuotas de los impuestos sobre la renta y sociedades. Decisión que bajaría la fiscalidad empresarial, aumentaría la competitividad y, quizás por eso no lo hace el P.P., disminuiría la recaudación de la Administración Central sin afectar a la recaudación municipal. Por último una decisión para estar a la altura de los cambios urbanos, empresariales, de las nuevas tecnologías que hoy en día están presentes en la sociedad; sacar recursos de la utilización del dominio público: crear un impuesto que grave a quienes hacen del patrimonio de todo los ciudadanos el eje básico de su negocio, el uso del suelo, subsuelo y vuelo del término municipal. Negocios que están consiguiendo grandes plusvalías sin retorno para los que con su actuación les permiten: los Presupuestos Municipales que urbanizan las ciudades, villas y pueblos. Esta es una apuesta que desde la sensatez del saber y querer gobernar los socialistas ponemos sobre el tapete en la negociación de la financiación local, para resolver los problemas endémicos de los Ayuntamientos y por ende de nuestros ciudadanos. ¿ Desea el Gobierno del P.P. lo mismo?.