VIRIATO
07 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Acaban de entregarse los Premios Goya a la cinematografía española. Como todos los años, las lentejuelas de la gala ciegan con sus destellos el mal endémico que acompaña al cine español y en general al europeo: la subvención. Es el gran negocio de los productores, unos señores que viven del subsidio y del impuesto obligatorio que pagan las televisiones privadas (91 millones de euros, es decir, 15.140 millones de pesetas en el año 2000 y otros tantos en el 2001) porque un día se decretó así después de que el presidente del Gobierno se hiciese una foto con un grupito de sonrientes actrices y actores. Los productores españoles ejercen una actividad privada a costa de otras muchas actividades privadas y por su encomiable riesgo empresarial reciben las prebendas y hasta el aplauso y los favores de los políticos, siempre dispuestos a un baño de imagen con los famosos. Se quejan de la agresividad comercial del cine norteamericano y ahora protestan contra los exhibidores porque éstos retiran sus películas de la cartelera cuando los únicos espectadores son los acomodadores. ¡Qué falta de delicadeza a su obra intelectual! Las reglas del mercado no van con ellos. Las televisiones privadas tienen que gastarse al año el sesenta por ciento del cinco por ciento de sus ingresos brutos en comprar derechos de películas españolas para su emisión por televisión. Como la mayoría de ellas carecen de interés para la televisión comercial, las televisiones prefieren no emitirlas y llevarlas directamente a perdidas antes que darse un batacazo en el raiting. El cine español produjo 107 películas en el año 2001, con un coste medio de 2,4 millones de euros (400 millones de pesetas) y estrenó 101, que fueron vistas por 25,5 millones de espectadores. Para todas ellas recibieron 39 millones de euros (6.490 millones de pesetas) en créditos blandos, que los pagaron y con creces con casi 24 millones de euros de subvención por taquilla, 84 millones de euros de venta de derechos a RTVE y a las tres televisiones privadas (que están obligadas a comprar), y otra cantidad pequeña por ventas al exterior. Es la sopa boba de cada año. A pesar de todas estas canonjías, los productores españoles insisten en que su actividad no está protegida como se merece un colectivo que tiene sobre sus hombros ni más ni menos que la defensa de la identidad cultural del país. ¡Tan alta responsabilidad merece más gabelas!