ANXO GUERREIRO
16 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.En los últimos años las economías europea y mundial disfrutaron un ciclo expansivo de enorme intensidad y larga duración, en cuyo contexto la economía española experimentó un importante crecimiento que nos situó en el octavo puesto mundial, en términos de PIB. Este dato ha conducido a una peligrosa actitud de autocomplacencia al Gobierno, y sostiene su propaganda, concretada en el famoso España va bien. Sin embargo, este importante crecimiento económico, no fue aprovechado para superar los graves déficits y desequilibrios sociales, que sitúan a España entre los países con menor cohesión social y con mayores desigualdades de riqueza y renta de la Unión Europea. Es decir en uno de los países más injustos de Europa, como demuestran los estudios más rigurosos, y en particular el del prestigioso Luxembourg Income Study Group, el más respetado en estas materias. Los datos hablan por sí mismo. El gasto social en España representa el 20,5% del PIB mientras el promedio de la UE es del 27%, con el agravante de que el nuestro ha venido disminuyendo desde 1993, en que representó el 24% de la riqueza nacional. El resultado es un agravamiento del déficit social, que se manifiesta en todas las dimensiones de nuestro todavía raquítico estado del bienestar. En educación universitaria o en formación profesional, el gasto público es de los más bajos de Europa, representando la educación secundaria, con un 45% del promedio europeo, un auténtico escándalo. Las consecuencias son la baja calidad de nuestra escuela pública y uno de los más altos índices de fracaso escolar. En sanidad, con un 5,8% del PIB en gasto sanitario público, frente al 7,4% de la media europea, los resultados son las interminables listas de espera que amenazan con desvirtuar la eficacia clínica del sistema o la ausencia de medidas para mejorar la atención primaria. Estas restricciones presupuestarias sitúan a España en último lugar de la UE en número de camas por 100.000 habitantes y en uno de los países con mayores porcentajes de Sida, tuberculosis, venéreas y otras enfermedades infecciosas. En materia de pensiones nos gastamos el 8% del PIB, muy alejados todavía del 11% del promedio europeo. Y en los servicios de ayuda a la familia, en un país en que retóricamente se proclama a ésta como el centro de la sociedad, tales como residencias de ancianos, escuelas infantiles o ayudas a los discapacitados, estamos a enorme distancia de la media europea y a distancias siderales de los países más avanzados. Lo cual limita la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y condiciona la necesaria revitalización demográfica del país. En los últimos años, debido al crecimiento económico, se ha producido un importante superávit en los sistemas de protección social en España. En particular en la Seguridad Social y el Inem. Pero el Gobierno, en vez de dedicar esos excedentes a aumentar el gasto social público y avanzar en la convergencia con Europa, los ha destinado a cubrir los recortes en los ingresos públicos, consecuencia de las injustas reformas tributarias, y a perseguir, de forma obsesiva, el objetivo del déficit cero. Todo ello en un momento en que tal objetivo es rechazado por el propio Congreso de EE UU y en el que Alemania o Francia reclaman una interpretación más flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no impone el equilibrio presupuestario sino que establece un límite del 3% en el déficit de los presupuestos públicos. Esta política del Gobierno condena a España al déficit y polarización social que actualmente la caracterizan. La superación de esta situación deberá constituir una de las bases programáticas de cualquier alternativa progresista a la actual mayoría gobernante.