VENTURA PÉREZ MARIÑO
17 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Las leyes no suelen adelantarse a la realidad social. Su función normal es dar forma, encauzar de manera racional, aquellas actitudes o comportamientos que se producen previamente en el seno de la sociedad. Pero lo que tampoco pueden hacer el legislador es quedarse atrás de los fenómenos sociales, salvo, claro está, de que propugne el ordeno y mando o el sostenella y no enmendalla. Cuando, con dolores propios de un parto de los montes, se promulgó la ley del Divorcio hace 20 años, se establecieron todo tipo de cautelas para apartar el miedo que algunos tenían de que el permitir dar fin a la convivencia conyugal quebrase la sociedad. Nada pasó, a salvo de que antes algunos famosos podían anular sus matrimonios por la Iglesia católica en lugares insólitos e incluso inexistentes, previo pago de importantes cantidades, y a partir de aquel momento lo pudieron hacer todos aquellos a los que una pésima relación matrimonial no permitía seguir viviendo juntos. La ley vino a solucionar, judicialmente hablando, buena parte de los conflictos graves e inevitables que se producían y siguen produciendo en las parejas que tenían que vivir juntos cuando se habían roto los vínculos de afecto. Pero han pasado 20 años desde la promulgación de la Ley del Divorcio y es hora de mejorarla y de soltar el lastre y el paternalismo que conlleva al establecer que las parejas que se quieran divorciar se les trate como menores de edad a los que hay que domeñar imponiendo que antes de llegar al divorcio deban pasar primero por la separación y antes por los plazos. Esto en la práctica supone más litigiosidad, más costes (abogados, procuradores), más tardanzas, más incertidumbres y más angustias. Sin olvidar que tantas barreras para llegar al divorcio propician un caldo de cultivo para la violencia de género de la que amargamente nos quejamos más tarde. El grupo mayoritario del Congreso rechazó la semana pasada las proposiciones de CIU y PSOE, coincidentes en llevar a cabo modificaciones legislativas en el sentido expuesto. ¿Que qué razones dieron? La muy sesuda de que la modificación ha de hacerse en el curso de una reforma global. Pero me temo que no. En el fondo creo que lo que ocurre es que algunos confunden ley con moral y piensan que el aligerar el pesado trámite jurídico del divorcio va a perjudicar el Santo Sacramento, y erre que erre a sostenella y no enmendalla y no se hable más. O puede ser peor, tal vez, aun estando de acuerdo con la propuesta, no quieran dar las razones de la oposición. En cualquier caso, mientras se libran de dudas y deshojan la margarita no nos queda más remedio que esperar.