No debemos, no podemos callar. A medida que hemos conocido lo ocurrido el domingo último en la fortaleza de Qalai Jangui, a pocos kilómetros de Mazar-i-Sharif, un sentimiento de estupor y grave preocupación se ha extendido entre las opiniones públicas y gobiernos europeos. Tras la rendición de Kunduz a los dirigentes de la Alianza del Norte, entre quinientos y seiscientos muyahidines árabes, paquistaníes y chechenos fueron trasladados a la prisión-fortaleza. Un confuso incidente con diferentes versiones provocó el estallido de un motín que concluyó tras la intervención de cazabombarderos norteamericanos pedida por los generales de la Alianza del Norte. Murieron todos los prisioneros. «No quedó ni uno», recordaba ayer algún enviado especial de la prensa europea. El dantesco escenario que encontraron periodistas y funcionarios de la Cruz Roja han hecho sonar todas las alarmas en organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La sospecha de que se haya producido una matanza o ejecución sumaria inquieta a unos gobiernos que, en el seno de la OTAN, han ofrecido su apoyo militar a la coalición construida bajo el liderazgo de EE UU para castigar a los responsables de la acción asesina del 11-S. Estas organizaciones humanitarias han instado a la ONU para que realice con urgencia una investigación completa. El compromiso efectivo con los derechos humanos es incompatible con acontecimientos como éstos. Y la justicia está reñida con la venganza. Los crímenes de los talibanes no anulan su derecho a ser tratados con la ley en la mano. Además, los resultados más optimistas de la conferencia de Bonn no se podrán aplicar en un clima de odio creciente y ajustes de cuentas futuros entre los grupos, etnias y tribus afganos. La relativa crisis gestada en el seno de la OTAN por la oposición de la Administración Bush al despliegue de tropas europeas sobre el terreno debería superarse con la presencia de fuerzas de interposición internacionales para garantizar la vigencia de los acuerdos y evitar matanzas. Es verdad que el sufrimiento de la sociedad americana tras los atentados puede explicar su deseo de asumir un papel especial en la crisis, pero ello puede llevar aparejada la sensación de que «EE UU no quiere interferencias», como afirmaba un alto responsable de la OTAN en Bruselas. Y el rechazo de la Alianza del Norte a la presencia en Afganistán de fuerzas extranjeras no puede impedir la tarea pacificadora de la ONU y el apoyo de las organizaciones de derechos humanos. Si no podremos contemplar en Kabul una moderna democracia parlamentaria, al menos ha de nacer una sociedad que pueda aprender a convivir con el respeto a los derechos civiles.