ENRIQUE CURIEL CRÓNICAS HUSITAS
22 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Una de las consecuencias derivadas del asunto Gescartera se refiere de nuevo al grave problema de las democracias modernas, como es el de su capacidad real para controlar la legalidad en el funcionamiento de centros de poder que tienden a convertirse en estructuras opacas a cualquier sistema de control o de información. Durante los últimos años se está desarrollando en los ámbitos políticos y universitarios un debate del máximo interés, el referido a la exigencia de una mayor calidad de la democracia. Conseguidas en una pequeña parte del mundo las bases de una sociedad democrática, aparecen nuevas preguntas: ¿Funcionan realmente las instituciones y mecanismos responsables del control del poder? ¿Por qué los ciudadanos se sienten progresivamente alejados de unas instituciones inaccesibles y que, teóricamente, les representan? La mayor complejidad, la amplitud y los medios de los que dispone un Estado democrático moderno no guardan correspondencia con la evolución de los mecanismos para su vigilancia, ni interna, ni externa. La amplia etapa de parlamentarismo atenuado o racionalizado, que nació en Europa con las constituciones posteriores a 1945, ha consagrado el predominio del poder ejecutivo que, en muchas ocasiones, extiende su influencia sobre los poderes legislativo y judicial. No es extraño que se haya especulado sobre la muerte de Montesquieu y la extinción progresiva del principio de la separación de los tres poderes. Nuestra Constitución, sin negar sus bondades, se inscribe en la corriente citada. La Administración independiente y profesional, una de las grandes conquistas de la revolución liberal, se ve sometida a los impulsos políticos del Gobierno. Nuestras cámaras de representantes se han convertido en oficinas que expiden los certificados de legalidad requeridos por la Constitución. Durante el siglo XX, los parlamentos crearon organismos que dependen de ellos para conocer minuciosamente el funcionamiento de la Administración, como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Pero el primero es nombrado de facto por el Ejecutivo y el segundo se compone de acuerdo con su voluntad. Es el mundo al revés: el controlado se convierte en controlador. Si, además, el Gobierno nombra al fiscal general del Estado, al director de la televisión pública, a los presidentes del Congreso y el Senado, se asegura la mayoría del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial, de la CNMV y de otros organismos similares, no resulta extraña la sensación de impotencia que perciben los ciudadanos en torno a lo político. Si a ello le sumamos el problema estructural de la corrupción, hemos de convenir en la urgencia de introducir cambios para evitar el deterioro de una democracia que tanto nos costó conseguir.