ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
14 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.«La Xunta silenció el brote de legionella hasta que concluyó el debate sobre la región». Ese era el sorprendente titular con que un diario madrileño abría ayer su sección de sociedad. El propio rotativo destacaba, también, que la Xunta había informado al Ayuntamiento de Vigo una semana después de producirse el primer muerto. Desconozco, como es obvio, si tales informaciones son correctas y, en verdad, pese a no tener yo nada que ver con el Gobierno de la Xunta, me quedaría mucho más tranquilo si los responsables de la sanidad pública gallega pudiesen demostrar que ni una ni otra tienen nada que ver con la verdad. Pero, sea como fuere, a estas alturas del asunto parece ya difícilmente discutible, que la Xunta ha actuado con muy escasa diligencia a la hora de adoptar las medidas oportunas frente al brote de legionella que acongoja hoy a miles de vigueses, medidas entre las que las informativas son de una importancia primordial. Es cierto que resulta siempre complicado acertar en el manejo de informaciones que por su naturaleza son sensibles; lo es también que, entre ellas, las relativas a los temas de salud plantean problemas especiales; y lo es aun más, si cabe, que tales problemas tienen una dimensión muy peculiar si lo son de salud pública. Cuando tratamos, en fin, de la posibilidad de una epidemia, la cosa adquiere unos peligrosísimos perfiles. Pero es en esos casos, justamente, cuando la más alta responsabilidad alcanza a todos los implicados en la labor informativa. Autoridades sanitarias, medios de comunicación, equipos médicos y grupos de presión, han de combinar entonces con prudencia lo que dicen -y, claro está, lo que no dicen- para nadar entre las dos orillas cuyo eventual desbordamiento podría producir mayores riesgos: el de la sobreinformación, susceptible de crear un pánico social no controlable y no justificado, y el de la desinformación, terreno en el que medran todos los alarmismos -espontáneos o interesados- que quepa imaginar. La responsabilidad informativa de la Xunta -la de sus autoridades sanitarias- no resulta, en todo caso, equiparable a la de nadie, pues solo ella ha sido elegida por el pueblo. Que la Xunta pueda pensar, por eso, en los intereses partidistas de quienes ahora la controlan -tanto o más- que en los de quienes esperan hoy de ella la más eficaz de sus respuestas, sería sencillamente aterrador. Y, también, imperdonable.