ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
11 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Acabar con la impunidad para los criminales y sus crímenes: he ahí un prioritario objetivo democrático en la gravísima situación de Euskadi y de Navarra. He ahí un objetivo irrenunciable de los dos gobiernos competentes en el mantenimiento de las leyes: el nacional y el autonómico. Pues la impunidad constituye un crimen de lesa democracia que se añade a la acción criminal que queda impune. El Estado democrático no puede en modo alguno tolerarla. Y es que su eficacia en la lucha contra el crimen no depende de la dureza de las penas, sino de la generalidad en la persecución de los delitos, de la certeza de que todos serán perseguidos, y juzgados sus autores. Se entiende, por eso, que cuando la impunidad en la comisión de los delitos ha adquirido el grado escandaloso de las provincias vascas y de Navarra, la tentación de los gobiernos sea la de cambiar las leyes para tratar de combatirla. Ese cambio parte, claro, de una presunción que, sin embargo, en el norte está aún por demostrar: la de que las normas existentes son insuficientes para lograr el objetivo elemental de que las leyes sean respetadas. De hecho, la lucha contra la criminalidad terrorista y paraterrorista se mueve todavía en el inmenso agujero negro de la ineficacia de la Ertzaintza, repetidamente denunciada por su fuerza sindical mayoritaria. Una ineficacia _la de ¡7.350! policías autonómicos_ que algo tendrá que ver con la desconfianza de quienes los dirigen hacia las llamadas soluciones policiales. ¿Cuántas veces ha oído usted al lehendakari en sus patéticos discursos de condena que emplearía toda la fuerza policial que tiene bajo sus órdenes directas para perseguir a quienes agreden a sus conciudadanos? Por eso, aunque es evidente que un Estado democrático no puede tolerar que la apología del terrorismo quede impune, ni que miles de jóvenes puedan gratis quemar, golpear, insultar y amenazar; y lo es que las leyes deben cambiarse dentro de los márgenes permitidos por la Constitución cuando se demuestran incapaces de asegurar la libertad y la seguridad de todos, lo es también que, con éstas, o con las que las fuerzas democráticas considerasen más convenientes, en su caso, poco podrá hacerse si quienes tienen una parte decisiva de la responsabilidad en la lucha contra los malhechores siguen estando más pendientes de la ilusión de construir una nación que de evitar que aquélla sea inhabitable.