ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
20 ago 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Este diario informa hoy de dos noticias que, puestas una al lado de la otra, resultarán sencillamente incomprensibles para cualquier gente de bien: por una parte, de la decisión de los cómplices de ETA de convertir los funerales de los etarras muertos cuando transportaban explosivos destinados a cometer alguno de sus crímenes horrendos en otros tantos actos de propaganda a favor de los objetivos y los métodos de la banda terrorista; por la otra, de los resultados del último de esos crímenes horrendos: la muerte de dos guardias civiles a consecuencia del estallido de una bomba lapa colocada en los bajos de su coche delante de un cuartel de la Guardia Civil. De hecho, resulta posible imaginar la celebración de dos actos funerarios paralelos: el de los verdugos, homenajeados, ante el estupor de la inmensa mayoría de los vascos, en los ayuntamientos de Hernani y de Markina... y el de sus víctimas, homenajeadas a su vez por un Estado que parece por momentos incapaz de garantizar el efectivo cumplimiento del principio vertebral de cualquier democracia que lo sea de verdad: el del imperio de la ley. Porque, ¡hay que decirlo con toda claridad!, no es ya la democracia lo que está en juego en las tres provincias vascas y en Navarra, sino el elemento esencial que constituye su mismo fundamento: la ley, que nace de ella y la alimenta. Únicamente la ley _que en democracia es expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo y, al propio tiempo, garantía de las minorías discrepantes con aquélla_ puede asegurar la paz civil, que se extingue de modo irremisible allí donde los que desobedecen a las leyes de forma reiterada y sistemática consiguen imponerse e imponer la impunidad para sus crímenes. Aunque sigamos prendidos de un lenguaje que ya sólo beneficia a los violentos y sigamos empeñados en hablar de partidos democráticos y antidemocráticos, de actitudes democráticas y antidemocráticas y de comportamientos democráticos y antidemocráticos, hace mucho que en Euskadi la cuestión no es la de que unos respeten la democracia y otros no: la línea que en Euskadi separa a los demócratas y a quienes no lo son, ni lo han sido, ni previsiblemente lo serán, es la de la ley: la de quienes respetan las leyes y quienes las violan de forma sistemática, acostumbrados al beneficio derivado de la existencia de un ambiente de casi absoluta impunidad. Por eso, la recomposición del consenso democrático en el País Vasco y en Navarra exige urgentemente de forma inexcusable la restauración del principio del imperio de la ley. Porque «somos demócratas, y por serlo, tenemos una regla segura: la ley. ¡La ley! La ley tiene dos caras. Por una parte es una norma obligatoria para todos los ciudadanos: pero es también un instrumento de gobierno, y se gobierna con la ley, con el Parlamento, y una democracia se disciplina mediante la ley, que el Gobierno aplica bajo su responsabilidad. No se puede gobernar una democracia de otra manera». Así de claro lo afirmaba Manuel Azaña a la altura de marzo de 1932. Así de claro sigue siendo hoy, cuando la ley vuelve a ser otra vez la única guía que permite distinguir la civilización y la barbarie.