SERAFÍN LORENZO
29 may 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Las listas de espera son un mal endémico de la sanidad pública. Este diagnóstico de la situación del sistema ha calado como un aforismo más en la cultura sanitaria popular a fuerza de su reiteración compulsiva por la Administración. Es un diagnóstico certero, pero no por ello menos significativo de las dimensiones del gran agujero negro de la gestión sanitaria en este país. Porque la gestión no se refleja en los encajes presupuestarios para tratar de ofrecer más recursos con los mismos impuestos _ya no quedan milagros_ sino en la calidad y en los tiempos de la asistencia. Es el criterio justo, el que está al alcance de cualquiera. Qué más da que las administraciones sisen algunos días de las listas de espera si es imposible burlar al usuario educado y curtido en citas previas, si la sanidad es transparente. De qué vale vender que la demora media para una consulta en una especialidad es de un mes si al paciente lo emplazan a que vuelva a pedir cita dentro de tres semanas porque la lista está cerrada. Hagan la prueba los incrédulos. Pidan cita para oftalmología y aguarden con paciencia hasta el año que viene. La situación a pie de quirófano en Galicia no es ni mejor ni peor que en otras comunidades. Incluso resulta apreciable el impulso dado por la Administración gallega al gasto sanitario por habitante, con un crecimiento superior al 50% entre 1992 y 1996. Pero no es suficiente, porque las necesidades asistenciales de una población envejecida crecen con mayor rapidez que unos presupuestos todavía muy distantes del porcentaje del PIB que destinan a sanidad los países más desarrollados de Europa. Ahora el grifo ya no pinga. Ni el policlínico de Lourdes podría mejorar sus recursos si la política del Gobierno es reducir la presión fiscal. Nadie da duros a cuatro pesetas, dicen. Aun así, el gasto sanitario por habitante pasará de las 110.000 pesetas actuales a 154.000 en el año 2006, que serán unas 135.000 si se descuenta la inflación. Al paciente le queda ejercer de tal y confiar en la calidad de los profesionales. También está la posibilidad del recurso ante una supuesta negligencia: una de cada diez sentencias favorece al usuario.