El Gran Hotel presentó a mediados del pasado mes de febrero un plan en el Juzgado Social, en el que proponía un plan de pagos para los trabajadores que tienen reconocidas deudas, vía sentencia, a cambio del levantamiento de los embargos. Se comprometían a pagar las deuda en un plazo de 22 meses y como garantía aportaba un aval sobre el Gran Hotel de Santiago. La CIG, que representa a la mayoría de los trabajadores, no aceptó la propuesta. Fue realizada después de que trascendiera que la CIG iba a solicitar en el juzgado el nombramiento de un administrador para controlar el funcionamiento del establecimiento y que siguiera abierto.
La administradora del hotel ingresó en esta semana al personal que todavía no solicitó la extinción de sus contratos, 200 euros. Llevaban, según fuentes consultadas, desde el mes de octubre, en que cobraron un porcentaje del salario de ese mes, sin recibir ningún ingreso, salvo un reparto del juzgado.
El abono de los 200 euros coincide con la convocatoria de la junta general de accionistas y meses después de que los asesores de la familia Martínez se comprometiera con el personal a regularizar los pagos pendientes.