Un informe de junio, que le fue entregado ayer a una trabajadora denunciante, analiza los errores y dibuja un departamento dividido
18 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Un informe del departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Lugo dibuja un panorama caótico dentro del departamento de Protocolo, que dirige Juan Carlos Fernández Pulpeiro, que además está imputado por la gestión de pagos del programa Kilómetro Cero (Km0). Dicho documento, -firmado por el diputado Miguel Ángel Sotuela-, fechado el pasado mes de junio y que fue entregado ayer a una denunciante, lo elaboró el organismo provincial a raíz de las denuncias de distintos trabajadores del Protocolo, que alertaban de la «escalada de enfrontamentos e desavinzas» entre el personal. Este informe reconoce un «grave deterioro do clima laboral» y un «grave comportamento do persoal implicado», que supuso, además, «un grave prexuízo para a institución». La conclusión a la que se llega tras esta investigación es, por un lado, recriminar el comportamiento del personal de este departamento, de ambos bandos, y, por otro, redimir a Pulpeiro de las acusaciones de acoso laboral.
La Diputación abrió una investigación tras los escritos presentados por parte de los trabajadores del citado departamento entre diciembre del 2012 y enero de este año. Los empleados comparecieron para explicar la situación y, según se desprende de sus declaraciones, el clima se fue deteriorando una vez que el comportamiento de Pulpeiro derivó hacia «un modelo autoritario e falto de diálogo».
Dos funcionarios incluso lo acusaron de acoso laboral hacia una trabajadora. Todo esto provocó la pérdida de autoridad de dicho jefe. Este, al mismo tiempo, solicitó el traslado de sección de la funcionaria que lo acusó de acoso laboral.
Dos bandos entre el personal
De este modo, según consta en el documento de la Diputación, se crearon dos bandos en el departamento de Protocolo: el de Pulpeiro y su pareja y el del personal «que dun ou doutro xeito contribuíu a alimentar as discrepancias».
El conflicto fue creciendo, pues no se ciñó solamente a denunciante y denunciado, sino que todos los trabajadores fueron forzados a posicionarse en uno u otro bando. Esto significaba incluso participar en reuniones informales para unificar posturas, organizarse para indagar en los comportamientos del otro bando, soltar comentarios sutiles a la otra parte... Y, todo ello, en un mismo espacio físico.
La Diputación condena la actitud del personal, que en algunos casos se comportó con acciones propias de infracciones o faltas «susceptibles de merecer sanción no ámbito disciplinario». Pero también reprochan la actitud de Juan Carlos Fernández Pulpeiro: «Resultou tamén desafortunado o estilo de dirección do xefe de servizo que foi percibido polo persoal do servizo como carente de consideración e incluso falta de respecto».
En el informe aclaran que las decisiones y criterios de funcionamiento que derivan del poder de la dirección deben acatarse, y los empleados tienen la obligación de cumplir las tareas que se les encarguen, aunque no les gusten, siempre que ello no suponga infringir la ley. Por este motivo, «non se acredita que as decisións adoptadas polo xefe de servizo de Protocolo e Relacións Institucionais constitúan acoso laboral», pues cambiar a alguien de sección o cometido entra dentro de sus competencias.
Hay que respetar a la autoridad
Además, concluyen que, a pesar de las «diferenzas, desavinzas e desacordos cos erros que o xefe de servizo puidera ter cometido na forma de relacionarse ou de transmitir algunhas decisións», eso no justifica ni autoriza a los trabajadores «a actuar como mellor lles conveña ou conformarse como un grupo de presión en contra deste e de quen estea a carón del». E incluso matizan que el acoso laboral también puede ser horizontal (entre compañeros) o ascendente (contra el superior jerárquico).