Presidentes, ministros, agentes de bolsa tienen, como un torero antes de su faena, la costumbre de visitar una capilla que han instalado en sus sedes. La habitación alberga un teléfono, un fax y un altar donde han colocado tres imágenes que representan a las omnipresentes y poderosas agencias de calificación de riesgos. Mantener este santuario significa para nuestro gobierno desembolsar medio millón de euros anuales. La rutina de la operación es la siguiente: un Estado para realizar sus actividades necesita dinero y para conseguirlo suele recurrir a la venta de unos papeles (letras del tesoro, bonos) que transcurrido un tiempo devuelve incrementados con el pago de intereses. El problema es que los que compran esos papeles no se fían. ¿Solución? Nacen unas empresas que hacen montones de sesudos análisis escorados hacia el neoliberalismo y que, previo pago, ponen una nota o calificación a esos papeles. Si es baja la nota, más intereses tendremos que pagar, y al revés, cuanta más alta sea, menos intereses pagamos.
Situémonos: va el ministro y se arrodilla ante el altar de las santas agencias calificadoras y espera. Por el altavoz suena la nota: «AAA», la más alta, perfecto. Que suena «A, A, mmm», como regañando, o «Be, A, A, uno», quiere decir que la nota es baja, a recuperación, hacer los deberes: una reformita laboral, unos recortitos en la sanidad pública, en definitiva, más sacrificios para los de siempre.
Y esto ocurre a pesar de que el ministro sabe que son unas chaqueteras. Fallan más que una escopeta de feria. Dieron buena nota unos días antes de la quiebra de un país como Irlanda y de bancos y aseguradoras de EE.UU.