Uno de los mayores garantes de la democracia y de la pluralidad es el control, casi notarial, que una administración puede y debe hacerle a la vecina con un fin noble y loable: la protección del ciudadano. Esa garantía y rigor al contrastar actos y hechos debe perseguir un objetivo: comprobar si se han hecho los deberes, si se han cumplido las promesas, si el ciudadano ha recibido la herencia que se le dibujó a su futuro antes de que ejerciese su derecho libre a elegir a sus representantes y gobiernos.
Si estas pasadas semanas los gallegos nos hemos asombrado una y otra vez entre hectáreas arrasadas, revueltas sanitarias y vecinales, y un profesorado harto de la tijera como mil y un sectores más, la presente no se queda corta, y más que asombro produce perplejidad. En un combate de boxeo, Diputación de Lugo versus Xunta de Galicia, los locales han saltado al cuadrilátero mostrando al público lo que oculta su adversario bajo los guantes. Y bajo los guantes sufre el más débil, el que lleva derechazos hasta en el carné de identidad.
Desde el ring de José Ramón Gómez Besteiro, la Diputación Provincial, se denuncia que el otro púgil, Alberto Núñez Feijoo, bloquea la puesta en marcha de 13 residencias de ancianos en la provincia, puesta en marcha prometida, reflejada por escrito y hecha pública a pocos días de las pasadas elecciones. Hago un paréntesis, pocos días antes ya se sabía que había crisis, ¿o no? Por si la excusa económica se lanza a las cuerdas con calzón azul y pocas ganas de levantar los puños. Primer asalto.