De nuevo nos conmocionan las noticias sobre atropellos en la ciudad. La crudeza de los hechos y sus consecuencias se ven, si cabe, más agravadas por algo tan frecuente como la falta de respuesta por parte de las autoridades a la hora de sancionar al culpable. Dónde están o dónde se meten sus autores, es todo un misterio que se queda sin resolver como tantas otras cosas.
La respuesta no se presenta fácil. Los medios técnicos y el entramado burócrata desplegado por la administración sólo es útil cuando las cosas se tienen en regla. Algo tan simple como no comunicar el cambio de domicilio o la venta de un vehículo, pone en jaque el funcionamiento del sistema. La imposibilidad de atrapar a desalmados al volante y castigar su inmoral conducta, es otro ejemplo de que no siempre «el que rompe, paga». Las ataduras normativas y las garantías que de ellas deberían desprenderse, en ocasiones, únicamente benefician al que no las respeta. La asimetría de la que se valen los que no acatan la legalidad los hace cada día más fuertes.
La queja y el lamento, de poco o nada sirven ya, cuando la propia organización en la que vivimos propicia las desigualdades. La indignación nunca representa un argumento coherente para la crítica. La irritación ante tanta injusticia no debe llegar a cegar la razón. Pero el derecho al pataleo es lo único que hace más llevadero el sinsentido. Quizás hubiera sido más objetivo darle a tanto desacierto, una escueta justificación. La portavoz de la Policía Local explicó que no era fácil atrapar a los culpables porque: «Un coche pode estar rexistrado na Jefatura de Tráfico de Lugo e o seu titular pode estar residindo en Francia, por poñer un ejemplo». Efectivamente, para que preocuparse si la verdad es mucho más sencilla. Los culpables están en Francia.