Si algo encabezamos como país, es un sinfín de leyes en vigor. Los españoles tenemos una propensión compulsiva a legislar. ¿Qué tiene ello de malo? Nada, salvo que esas leyes se cumplan, o se hagan cumplir, que no es lo mismo. Y no lo es, porque en ello interviene una clara dicotomía: voluntad popular en ser escrupulosos del cumplimiento, para lo que es imprescindible una cultura de la educación ciudadana de la que carecemos. Y eso hay que ejercerlo por padres y poderes desde la más tierna infancia. Pero no se ejerce, porque unos delegan en los otros, y nadie quiere tomarse la molestia de educar como algo natural y consustancial a la propia convivencia democrática.
Sin esa premisa, el caos social está garantizado. Y así nos va, con una juventud que ejerce el botellón con una impunidad absoluta. Se fomenta y se permite el alcoholismo callejero en la adolescencia. La segunda premisa radica en el abandono de las obligaciones sagradas de los responsables políticos en hacer cumplir esas leyes. Toda una dejación de funciones. Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.
Lugo, por ejemplo, padece una crisis de autoridad por el conflicto derivado de la incompetencia del gobierno local en solucionar la situación de la Policía. El enquistamiento de esta insostenible situación, ha convertido la urbe en una selva donde prevalece la ley del más fuerte: tráfico, peleas, agresiones, energúmenos perturbando la paz, que han revertido el estatus de una ciudad que se consideraba en tiempos pretéritos modélica por su convivencia. En este país se incumplen todas las leyes, insisto: la del tabaco (que seguirá incumpliéndose tras su nueva reforma próxima), la de los perros (en Palas ya se ha sufrido la enésima agresión a un niño), las de tráfico, y todo el sumario que quieran. La dejadez de funciones es absoluta.