En el Juzgado de lo Contencioso se celebró ayer la vista del recurso presentado por la Asociación pola Defensa do Parque de Rosalía contra la desestimación por el Ayuntamiento de su solicitud para hacer una revisión de oficio de todo lo relacionado con la construcción del inmueble número 8 de la avenida República Arxentina. Al mismo tiempo, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está presentado, por el mismo colectivo, otro recurso contra el estudio de detalle y licencia de ocupación del citado inmueble.
El Ayuntamiento, en la vista en el contencioso, estuvo representada por Ana Sáez y asistieron varios técnicos del Concello.
El representante de la citada asociación, Marcos Bourio, señaló, tras salir del juzgado, que han aportado actas notariales en las que, a su juicio, quedan claras las diferencias de tiempos entre el inicio de las excavaciones para los sótanos y la expedición de la licencia municipal para el inmueble; además, la licencia fue ampliada posteriormente para incluir los sótanos, según indica. Este colectivo está convencido de que con el estudio de detalle se produjo un incremento del volumen autorizado por el PGOU.
Bourio dice que la asociación denunció desde el primer día lo que considera que son irregularidades en esta promoción, con el fin de evitar problemas a los posibles compradores. En este intento, solicitaron del Concello una revisión de oficio de todas las decisiones adoptadas en este caso. La solicitud -recuerda Bourio- fue rechazada por acuerdo plenario: votó la desestimación el PSOE y se abstuvieron, según recuerda, el PP y el BNG. «Si todo estaba bien, por qué no aceptaron la revisión; si algo estaba mal, la revisión era la fórmula para evitar problemas posteriores», señala el representante de la citada asociación.
Bourio indica que hay quien les asegura que este asunto quedará resuelto con la aprobación del PXOM. Bourio cree que esta vía no es posible, porque el edificio afecta a alguno de los colindantes.
Hay que recordar que el mismo colectivo vecinal mantiene una larga batalla contra el desarrollo programado de la unidad CS-5, en O Garañón.