La ocupación de fincas equivale a obras y, si hace días la Diputación anunciaba ser la entidad que más agilizó los procesos, el PP reivindica méritos de la anterior etapa
06 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.A medida que se acerca el final del mandato de las corporaciones locales los grupos tratan de ganar tiempo y la pelea se extiende a todos los campos. En la Diputación, gobierno y oposición se disputan incluso la política de expropiaciones, un trámite aparentemente desagradable o que no se usaba en la esgrima política.
El pasado fin de semana el diputado de Infraestruturas, Manuel Martínez, dio cuenta de los procesos expropiatorios llevados a cabo en los tres años del actual equipo de gobierno. Afirmó que la Diputación de Lugo es la institución gallega que más remitió al jurado autonómico que fija los justiprecios, y en tres años pagó cinco millones. También atribuyó a los actuales gobernantes la normalización del procedimiento expropiatorio y cargó contra los hábitos de la anterior etapa, en la que dijo que se descargaba el grueso de esa responsabilidad en los capataces, con acuerdos sin un criterio unitario en los precios y con «un compadreo».
El PP no pasó por alto lo afirmado por el diputado provincial y matizó o rechazó sus afirmaciones con respecto a todo lo relacionado con la expropiación de terrenos. En estos tres años de mandato, también fue la vez o una de las pocas veces en las que el partido de la oposición reivindicó y defendió abiertamente el trabajo desarrollado por el anterior presidente, Francisco Cacharro.
Ayer los populares acusaron a Martínez Núñez de mentir por afirmar que habían sido tramitados 1.521 expedientes «cando debería dicir 1.521 fincas afectadas por unha expropiación, que son cousas moi distintas».
Pero el PP incide en que no es el único error, «ou para ser máis explícitos, a única mentira na que incurre o señor Martínez». Recuerda que el procedimiento ordinario para la ocupación de terrenos destinados a la ejecución de una obra es el mutuo acuerdo, tramitación que está reglada en la legislación vigente, iniciándose el proceso expropiatorio cuando no existe entendimiento entre las partes, la Administración y los dueños.
«É máis -afirma el PP en la nota difundida ayer-, o anterior goberno provincial, cando non había mutuo acordo, solicitaba a urxente ocupación dos terreos, cuxa autorización correspóndelle á Xunta otorgala, para poder entrar na finca afectada antes da resolución definitiva do expediente de expropiación, precisamente co fin de acelerar o máis posible a execución da obra».
Condición indispensable
Incide en que para hacer uso de este procedimiento, como condición indispensable la Diputación debe reservar los fondos necesarios para pagar las expropiaciones. Inicialmente el dinero se depositaba en Facenda y más recientemente en la caja de depósito de la propia entidad provincial, de acuerdo con el partido de la oposición. «Aclarado está que Manuel Martínez minte cando indica que o bipartito provincial regularizou o sistema de expropiacións porque xa se facían seguindo a legalidade vixente». Recalca que en el anterior mandato el servicio no debía de funcionar tan mal y el personal no debía ser tan inepto porque las obras se hacían y los terrenos se pagaban, y porque en el citado departamento trabajaban prácticamente las mismas personas que ahora.
El PP considera mal intencionadas las declaraciones de Martínez responsabilizando a retrasos premeditados los pagos posteriores de grandes intereses. Dice que en esa época el gobierno bipartito de la Xunta requería un sinfín de documentación para la resolución de los expedientes, normalmente innecesaria, incrementando el tiempo y el coste.