La revisión del plan de urbanismo de 1991, en la que mañana se levanta la suspensión de licencias, tiene una tramitación tan accidentada como la del de 1969
10 feb 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La revisión del planeamiento urbanístico es generalmente asunto complejo y de largo recorrido en cualquier municipio español. En el caso de Lugo, la complejidad y los plazos son especialmente grandes cuando llega el momento de tocar la ordenación urbanística; lo es al menos desde el comienzo de la actual etapa democrática. Si dilatado y polémico fue el proceso para revisar el PGOU de 1969 que derivó en el de 1991 (en vigor), tanto o más está siendo el alumbramiento del PGOM en tramitación. El actual proceso comenzó en el mandato del alcalde Joaquín García Díez (1995-1999) y aún sigue abierto. Mañana acaba el plazo de suspensión de licencias y se complica aún más el nacimiento del Plan General de Ordenación Municipal.
Los miembros de la primera corporación municipal democrática, presidida por José Novo Freire, se entretuvieron mucho en debates de cara a la revisión del plan de 1969 que no condujeron más que a un callejón sin salida. El siguiente gobierno municipal, presidido por Vicente Quiroga (AP), abrió las puertas a una revisión que sufrió los avatares propios del enfrentamiento entre quiroguistas y populares. Consumada la escisión en el seno de AP, Quiroga, como alcalde independiente con el apoyo del PSOE, puso el área de Urbanismo en manos del socialista Víctor Pérez López de Gamarra. Aún estaba verde la revisión cuando las aguas políticas volvieron a su cauce en el centro derecha lucense y, con el apoyo tácito del PP, salió adelante el nuevo plan general, definitivamente en vigor en 1991.
Llegó el mandato municipal 1995-1999, pilotado por el alcalde popular Joaquín García Díez, con Ramón Arias Roca como edil de Urbanismo. Abrió de nuevo este gobierno local el melón del planeamiento urbanístico, para poner en marcha el proceso de revisión del PGOU de 1991. En el último pleno del año 1996, la corporación aprobó las bases para contratar la revisión del planeamiento. Tras superar los trámites de adjudicación (el trabajo fue encargado a la empresa Epycsa), en 1999, cuando el mandato de García Díez, ya se acercaba a su final, el gobierno local y las redactores del nuevo planeamiento cerraban aspectos esenciales del nuevo documento.
Llegaron las elecciones municipales de 1999 y los socialistas liderados por José López Orozco consiguieron hacerse con el gobierno local mediante pacto con el BNG. Asumió el área de Urbanismo el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Al nuevo gobierno local no le resultó aceptable el avance del nuevo planeamiento, marcado por las directrices políticas del anterior equipo de gobierno (PP) y fijó sus propias pautas al equipo redactor.
Cambios legales
A los problemas asociados a la revisión de los planeamientos urbanísticos, vino a sumarse la reforma de la Lei do Solo. El gobierno local prefirió echar el freno en la tramitación del PGOM hasta que fuese aprobada la nueva ley, para que el planeamiento urbanístico de Lugo se ajustase a ella. En febrero del 2003, el edil Gómez Besteiro reconocía, con optimismo injustificado como luego se vio, que la revisión del plan exigiría nueve meses más de trabajo. Y, así, entre críticas de la oposición, llegó el momento de aprobar inicialmente el PGOM: ocurrió en la sesión plenaria celebrada por la corporación municipal el 26 de enero del 2006 (en el mandato 2003-2007, el PSOE tuvo mayoría absoluta). El Bloque calificó de «pouco ou nada participativo e democrático» el proceso seguido hasta entonces; para los populares, hubo una injustificada demora en la tramitación de la revisión iniciada en 1998. Para los socialistas, por boca de Gómez Besteiro, las disposiciones recogidas en 18 tomos diseñaban una ciudad moderna.
En la misma sesión, el pleno acordó la suspensión de las licencias en amplias zonas del municipio. Explicaba entonces el gobierno local que la suspensión era por un máximo de dos años (imposición legal), pero podría acortarse. El lunes acabará el plazo máximo de la suspensión sin que el PGOM haya sido aprobado provisionalmente por el pleno municipal ni, por tanto, por la Xunta (aprobación definitiva). Comienza un período de incertidumbre, en el que sólo la imposibilidad de suspender de nuevo las licencias hasta dentro de cuatro años parece garantizar que el nuevo planeamiento saldrá adelante.