El juzgado de Sarria dictaminó el sobreseimiento de la denuncia presentada por al actual alcalde y portavoz del PSOE, Claudio Garrido, contra el anterior regidor, José Antonio García y la primera teniente de alcalde, Sabela Caldas por un presunto delito de prevaricación administrativa y trato de favor en el expediente de permuta forzosa de los terrenos destinados a construir una piscina climatizada.
El auto dice literalmente que «no consta que la decisión de ubicación de la piscina climatizada en As Ínsuas fuera arbitraria» y añade que «el acuerdo por el que se adjudican las parcelas se ajusta a los informes técnicos emitidos».
Una vez conocida esta resolución, el Partido Popular de Sarria pedirá un pleno extraordinario en el que solicitará la dimisión de Claudio Garrido y del secretario del PSOE, Miguel Ángel Fernández. «Nosotros dijimos que si se demostraban las acusaciones dimitiríamos asumiendo nuestra responsabilidad política y tanto Garrido como Miguel Ángel mantuvieron una y otra vez que no había informes y que si no era así asumirían su responsabilidad. Ahora está claro que mintieron y que el expediente fue correcto, por lo que deberían de presentar su dimisión», dijo José Antonio García.
El anterior alcalde recordó las duras acusaciones que se habían vertido contra el anterior equipo de gobierno y que están recogidas en la propia página web del partido socialista sarriano. «Además de decir en esta página que no había informes técnicos y que fue un trato de favor, nos dedican términos insultantes como mercenarios o calaña.
Por ello y una vez conocido este auto vamos a estudiar la posibilidad de presentar acciones legales para resarcir nuestro honor de estas graves imputaciones», dijo el edil José Antonio García.
El actual portavoz del PP explicó los motivos por los que, a su juicio, Claudio Garrido inició este procedimiento. «Es evidente que lo único que intentaron los socialistas fue hacer daño al equipo de gobierno y para ello no tuvieron ningún problema en mentir. Nosotros intentamos evitar el proceso con una conciliación, pero Garrido no aceptó», dijo García.
Garrido manifestó que el sólo trasladó los datos a la fiscalía, que admite el dictamen de la justicia, pero insiste en que no se justificaba el camino de ubicación ni el aumento de valor de los terrenos.