Alega que la sentencia contra la ordenanza de telefonía no autoriza las emisiones sin permiso La empresa instaladora puso en funcionamiento la torreta antes de pedir licencia
08 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?a sentencia judicial que tumbó parte de la ordenanza local reguladora de las emisiones radioeléctricas no es ningún impedimento para que el Ayuntamiento pueda ordenar la paralización de la antena de telefonía de la parroquia de Erosa. Así lo dice la oficina del Valedor do Pobo en un escrito que acaba de recibir Manuel Martull, el vecino de de la aldea de Adá propietario de una de las casas que está más cerca de la antena, que reclama el desmantelamiento de la torreta. El Valedor do Pobo admite que la sentencia dictada por un tribunal en respuesta al recurso planteado en el 2002 por Telefónica contra la ordenanza aprobada aquel año por el Ayuntamiento de Chantada impide aplicarla en su totalidad. Pero precisa que el fallo no anuló todos los artículos de la ordenanza. Sigue vigente, por ejemplo, el que impide la instalación de antenas sin licencia municipal de actividad y lo cierto es que la empresa responsable de la torreta de Adá no la pidió antes de ponerla en servicio. El Valedor informa al denunciante que ya avisó al Ayuntamiento de que «debería corrixir esta situación irregular e que entre tanto permaneza esta situación se debería impedir o funcionamento da antena, todo iso en estricta aplicación do regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas». ?gual que otras anteriores, la carta que le acaba de remitir el Valedor do Poco contiene varias reprimendas para el Ayuntamiento de Chantada. La oficina del Valedor, cuenta el escrito, tuvo que pedir hasta en cuatro ocasiones distintas una respuesta municipal a la primera recomendación que esta entidad realizó en julio del 2005 sobre esta polémica antena. En abril, el Valedor volvió a dirigirse al Ayuntamiento para pedirle que aclare por qué no actúa contra la antena con el argumento de que carece de licencia de actividad. Ante la falta de respuesta, el 2 de junio envió un nuevo requerimiento en el que reclama una respuesta «con urxencia». La parte de la ordenanza anulada es la que establece distancias de protección entre las antenas de telefonía y las casas próximas.