Al edificio administrativo de la Xunta acceden diariamente una media de 3.000 personas y, según los datos oficiales, sólo en una ocasión hubo un altercado de importancia con una familia que acudió a los servicios sociales. Aunque el escáner tiene la manga más ancha que el de la Agencia Tributaria, está considerado entre los edificios más controlados. El público accede por una única entrada y pasa obligatoriamente por el arco detector y los objetos son sometidos al escáner. La otra entrada, controlada por un guarda de seguridad, es por el garaje, sólo para el personal que guarda los coches en él, que es relativamente poco. El edificio tiene un servicio de seguridad permanente con cuatro o cinco personas en cada turno. Aparte del presupuestario, en la Subdelegación del Gobierno existe un problema de accesibilidad para instalar el escáner. Según el subdelegado, Jesús Otero, el vestíbulo se conserva igual que hace medio siglo. Hace algunos años fue colocado un elevador para que los minusválidos puedan salvar las escaleras, pero está pendiente un estudio para cambiar el emplazamiento del arco detector y el lugar en el que deberá estar también el escáner que esperan tener este año, para que el extremo de la rampa no quede fuera de control. Rejas y cámaras Al margen de esa carencia, el edificio también es considerado seguro porque tiene los accesos limitados y las ventanas de la planta baja están protegidas con fuertes rejas, Además, dispone de cámaras de vigilancia en todas las fachadas controladas por policías y, cuando finaliza la actividad y se cierra la puerta exterior, por el personal de telegrafía. Con respecto al edificio del juzgado, el acceso ya es por la cabina pero al carecer de escáner sirve de poco. La delegada de Presidencia dijo que al margen del Tribunal Superior de Xustiza, el de Lugo será el primer juzgado que tenga este tipo de control. Sin embargo, los sindicatos integrantes de la junta de personal se quejan de que no fueron informados de las medidas previstas ni de sus características. También denuncian la falta de seguridad de los restantes de la provincia. Ponen como ejemplo la situación del de Viveiro, que está en la tercera planta y los fines de semana la gente que acude al de guardia circula por las escaleras del edificio sin que haya control sobre las otras dos plantas. También piden que se corrija la situación del edificio de Lugo, que no tiene plan de prevención ni de evacuación. Con respecto a la vigilancia, actualmente está siendo realizada por la Policía Nacional, debido a la falta de efectivos en la autonómica. Según señala el subdelegado, la Administración central está estudiando alternativas como dedicar a estos controles a guardias civiles en segunda actividad, ya en vigor en Valencia.