El Estado aún pasa a cobro las tasas que dejaron de pagarse tras la subida del 2002
21 oct 2023 . Actualizado a las 10:31 h.Un año más, la junta de explotación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aprobó el estudio económico que fija el canon de regulación del embalse de Vilasouto, en O Incio, y la tarifa de utilización del agua procedente del salto que abastece al regadío del Val de Lemos. Y de nuevo la administración estatal no ingresará ni un solo céntimo por ese concepto. Desde el 2002, cuando se pusieron al día unas tasas que se habían quedado desfasadas, la totalidad de los regantes optan por la insumisión fiscal argumentando que los precios son inasumibles en el contexto productivo de la zona. Pese a todo, los recibos se siguen pasando a cobro periódicamente.
En el 2014, doce años después de la negativa de los regantes a abonar las tasas, se calculaba que el Estado había dejado de ingresar alrededor de seis millones de euros en ese concepto. Una recaudación con la que se deberían cubrir los gastos de mantenimiento de las infraestructuras del regadío. Los impagos, sin embargo, no alcanzan los niveles que cabría esperar de la cantidad económica acumulada entonces. Cada cuatro años, cuando prescriben las deudas con Hacienda, se hace borrón y cuenta nueva con los usuarios del canal.
Alicia Toirán, presidenta de la comunidad y de la asociación de regantes del Val de Lemos, es citada regularmente a las reuniones que celebra en Ponferrada la junta de explotación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en las que se aprueban estudios los económicos y los precios a aplicar en el área de dominio del canal.«A comunidade non ten forma de cobrar nin de pagar. Nin temos censo fiable. Quedan poucos regantes e é moita a terra que paga». Aunque cubre una cantidad muy inferior a aquella para la que fue proyectado, el agua que se distribuye por 68 kilómetros de canales y 150 kilómetros de acequias llega a una superficie de casi 600 hectáreas en los municipios de Bóveda, Monforte, Pantón, A Pobra do Brollón y Sober.
Tope de 300 euros
Los últimos precios a los que dio visto bueno la junta de explotación oscilan entre 82 y 174 euros por hectárea para el canon de explotación, según sean parcelas en las que se use el agua o no. El hecho de no regar no exime del pago si los terrenos están en el dominio del canal. A esas cantidades hay que sumarles la tarifa de aplicación, que va de 78 a 114 euros por hectárea. La cuota máxima, con uso de agua, sería por ello de unos 300 euros por hectárea. Curiosamente, en el 2002, cuando se produjo la polémica actualización, el tope rondaba los 400 euros por hectárea.
La solución al problema planteado desde entonces no es fácil, ya que los regantes no pueden ser exonerados de sus obligaciones tributarias. Alicia Toirán sostiene, en todo caso, que sea cual sea «non pode pasar en ningún caso por machacar aos que queremos regar».
Un plan de sostenibilidad en fase de redacción
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Universidad de Santiago de Compostela firmaron el pasado año un acuerdo para la elaboración de un plan integral destinado al aprovechamiento sostenible del canal de regadío del Val de Lemos. El convenio establece a participación de los regantes tanto para la obtención de la información como para la propuesta de soluciones. «O regadío e un ben de interese colectivo e agardamos que este estudo sexa o definitivo», señala Alicia Toirán. La asociación que preside se creó en el 2015 para poder mantener organizado el uso del canal de regadío. La comunidad no puede tener no un solo euro a su cargo porque sería embargado por Hacienda.
Las reducidas dimensiones y el abandono de las parcelas es el principal obstáculo con el que tropiezan los planes para la puesta en valor del regadío Val de Lemos. Solo se realizaron trabajados de concentración parcelaria en Bascós, Reigada y Piñeira. En esta última parroquia, próxima al casco urbano de Monforte, el área de dominio del canal se convirtió en muchos casos en zona residencial. Un problema añadido se planteó en los últimos años con el aprovechamiento de muchas parcelas situadas en la zona de riego para usos forestales. Pinos e incluso eucaliptos ocupan terrenos que deberían destinarse a cultivos agrícolas.