La mayoría de la oposición apoya ceder la muralla si hay inversiones

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

ROI FERNÁNDEZ

El alcalde no se pronuncia y el PP se opone a transferir la titularidad a la Xunta

29 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En el plazo de un mes, la corporación deberá decidir sobre la conveniencia de ceder a la Xunta de Galicia la titularidad de la muralla del conjunto monumental de San Vicente. La propuesta de traspasar la propiedad de la antigua fortaleza parte del grupo no adscrito, que pone como condición previa que haya un compromiso del Gobierno gallego sobre la restauración gradual del monumento. «Pedimos a apertura dun expediente para formalizar a cesión, sempre que a Xunta garanta a execución do plan director que ela mesma encargou», precisa la concejala Pilar López.

La Xunta ya tiene la responsabilidad de velar por la protección de la muralla. Declarada Bien de Interés Cultural en el año 1949, la antigua fortificación está bajo la tutela de la Dirección Xeral do Patrimonio. La titularidad del monumento, sin embargo, es otra historia. La Consellería de Cultura dice que no le compete y supedita cualquier inversión a la cesión del conjunto de la fortaleza. Así lo indicaron cargos de este departamento en el último debate sobre esa cuestión en el Parlamento autonómico.

El grupo de concejales no adscritos ve en la cesión una forma de desbloquear las inversiones que precisa la muralla, detalladas en el plan director elaborado por el arquitecto José María Alonso Montero en el 2008. La posibilidad de transferir la titularidad a la Xunta cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos de la oposición, aunque traducido a votos ese respaldo no garantiza la aprobación de la propuesta en el próximo pleno.

«Hai mecanismos legais para impulsar o arranxo da muralla, sexa de quen sexa. O que falta é vontade para facelo. Se a cesión sirve para solucionalo, terá o voto do BNG», dice el concejal Emilio Sánchez. En parecidos términos se pronuncia la portavoz de Esperta Monforte. «O Concello non pode reparar a muralla en solitario. Se hai un compromiso económico da Xunta, non vexo problemas a unha cesión», señala Maribel García.

Cuando llegue el pleno

Por ahora, el equipo de gobierno no se pronuncia. «Falaremos cando chegue o pleno», afirma el alcalde, José Tomé. En todo caso, insiste en que los redactores de plan especial puede estar equivocados al asignar la titularidad de la muralla al Ayuntamiento. «Haberá partes que sexan municipais pero tamén as hai da Xunta e en mans privadas», argumenta Tomé.

Desde el PP, por su parte, sostienen que lo prioritario «es que se actúe de una vez sobre la muralla». La portavoz de ese grupo no cree, sin embargo, que la transferencia del monumento a la Xunta sea una solución. «Está claro que tiene un componente municipal y no entendemos que se deba renunciar a esa titularidad. El problema no está solo en la cesión, sino en que la Xunta la acepte. La muralla también tiene algunas zonas privadas», apunta Julia Rodríguez.

La titularidad municipal de la fortaleza no impide, a su juicio, que se pueda actuar sobre ella en convenio con otras administraciones «previa elaboración de un proyecto de actuación».

La propiedad de la Casa de Alba, una opción que no descartan los investigadores

El estudio sobre la muralla que se elaboró en el 2008 por encargo de la Consellería de Cultura tomó como referencia un trabajo previo realizado por Jorge Vila Alonso, por aquel entonces técnico de la oficina municipal de rehabilitación. Vila entiende que la propiedad de la fortaleza solo puede ser «municipal o de la Casa de Alba». La existencia de fincas particulares adosadas a ella no alteraría a su juicio la titularidad del monumento. «¿Qué pasa donde hay propietarios de fincas por encima y debajo de la muralla?, ¿se reparten ese tramo proporcionalmente?», se pregunta.

La cuestión de fondo, según su criterio, es que la inversión en la muralla no se ve como una prioridad por parte de los responsables municipales desde la etapa de Celestino Torres en la alcaldía. «Si la muralla es nuestra, aunque se firme un convenio hay que pagar una parte. Ahí está el problema», opina.