«Mi hija está sometida a un secuestro emocional»

José Luis Pallares tiene una hija de 12 años a la que no puede ver, porque ella no quiere y porque un juzgado de Monforte le ha dado la razón a la pequeña. En la Asociación Galega de Nais e Pais Separados ponen su caso como ejemplo de la indefensión en la que se encuentran muchos progenitores por la dificultad para conseguir custodias compartidas tras un proceso de separación matrimonial. Pallares y su exmujer iniciaron en septiembre del 2005 los trámites de divorcio. No fue una separación amistosa, pero nunca hasta ahora había tenido problemas con el régimen de visitas. Él sostiene que no hay ninguna razón para que le impidan ver a su hija y denuncia que están sometiendo a la pequeña a un «secuestro emocional».

-¿Por qué no quiere verle su hija?

-Ella dice que le riño mucho y que soy muy pesado. No quiso pasar conmigo la segunda parte de mis vacaciones, en la segunda quincena de agosto.

-¿Había tenido antes problemas para ver a su hija?

-No, salvo unas interrupciones puntuales al principio del proceso de separación.

-¿Es suficiente que la niña diga que no quiere para que el juzgado suspenda las visitas?

-La ley dice que cuando los niños cumplen 12 años hay que tener en cuenta su opinión, pero ese no puede ser el único factor a tener en cuenta. A los doce años una niña no puede tomar la decisión de no ver a su padre, igual que no puede decidir no ir al médico, o no ir al colegio.

-¿En qué se basa entonces la jueza para suspender las visitas?

-Únicamente en un informe firmado por dos trabajadoras del punto de encuentro de Ourense [el lugar en el que los padres separados entregan a sus hijos a sus exparejas en casos de separaciones no amistosas]. El informe, emitido por propia iniciativa de dos técnicas del centro y sin que nadie se lo pidiera, describe la negativa de mi hija a quedarse conmigo el día que empezaban mis vacaciones.

-¿Cuestiona usted el funcionamiento del punto de encuentro?

-Los puntos de encuentro tienen en general un funcionamiento precario. Son centros públicos dependientes de la Xunta, pero su gestión está adjudicada a empresas privadas.

-Entonces, la jueza de Monforte ve el informe y decide suspender las visitas.

-Sí. Y eso a pesar de que ese informe no incluye ningún tipo de evaluación de la menor y a pesar de que no hay antecedentes de ningún problema. Un informe así tiene que hacerlo un psicólogo clínico infantil. Este no lo firma ningún psicólogo. En un primer momento, de mi denuncia por el incumplimiento del régimen de visitas iba a encargarse la titular del juzgado número uno de Monforte, que me dijo que llamaría a las dos partes para escucharnos y que se reuniría en privado con la menor para después tomar una decisión. Pero todo nuestro proceso de separación lo llevó el número dos, así que el asunto cayó finalmente en ese juzgado. Es la jueza de ese juzgado la que decide la suspensión cautelar de las visitas sin nada más que ese informe, sin oír a las partes ni hablar con la niña. Se limita a dictar una providencia que suspende las visitas «mientras no mejore la relación entre padre e hija». Procesalmente, es una barbaridad. ¿Cómo van a mejorar si la relación es inexistente? No es solo que no pueda ver a mi hija, es que estoy incomunicado con ella. No me coge el teléfono ni me contesta mensajes. Hemos intentado hablar con ella a través de familiares y amigos comunes y no quiere, no hay manera. Esto es un secuestro emocional de una menor.

-¿Usted está dispuesto a someterse al criterio de un profesional?

-Es lo que pedimos, que un equipo psicosocial nos evalúe al padre, a la madre y a la menor. Tomar una decisión así sin hablar con nosotros nos deja en una indefensión total. Y con todo esto están aparcando a mi hija no solo de su relación conmigo, sino también de sus abuelos, sus tías y sus primos. Vamos a suponer que yo soy el peor padre del mundo, pues apártenla de mí, pero no la aparten de la familia.

JOSÉ LUIS PALLaRES Padre separado