28 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.
Un industrial que tuvo tres talleres y 14 empleados, J.R.V., fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial acusado de un delito de insolvencia punible por el que el fiscal le reclamó dos años y medio de cárcel y 18 meses de multa con cuota diaria de 12 euros. La acusación particular eleva la petición a ocho años de cárcel porque añade, además, un delito de estafa.
Según el fiscal, el acusado dejó de pagar los suministros que le efectuó Recambios Frain. Para dificultar el cobro de la deuda, cifrada en 240.000 euros, supuestamente, otorgó escritura de compraventa de un inmueble a una tercera persona. El acusado dijo que no se quedó con el dinero de esta venta y que destinó a pagar a sus trabajadores.