El informe de la oficina municipal de rehabilitación que presentó en septiembre del 2009 Severino Rodríguez a los portavoces de los partidos comienza a traducirse en la adopción de medidas frente a la proliferación de inmuebles en ruinas. Este estudio cifraba en 189 las edificaciones mal conservadas que presentan riesgo de derrumbe o desprendimientos. Casi la mitad de ellas, apuntaban entonces los técnicos, precisan una intervención inmediata.
«Ninguén fixo nada nestes último anos nun tema tan complicado como este», se lamenta el alcalde. Según explica, el Ayuntamiento está «poñendo as cousas ao día» en algunos de los casos más problemáticos a partir de la información que recabaron los autores del censo de viviendas en ruina. El principal escollo en esta tarea, detalla, «segue sendo a dificultade de localizar e incluso identificar aos donos dos inmobles».
En los expedientes que ha tramitado hasta la fecha el Ayuntamiento se amenaza a los titulares de las casas ruinosas con «multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas». Pese a ello, solo se ha producido respuesta satisfactoria en una de las dos declaraciones de ruina que se han llevado a cabo en la calle Concepción Arenal.