El Ayuntamiento está personado como acusación en la investigación judicial por la supuesta retirada irregular de multas de tráfico en la Policía Local. Ayer, el concejal de Protección da Comunidade y Réxime Interior, José Rábade, dijo, en respuesta a los periodistas, que será la asesoría jurídica la que dirá cómo debe actuar el Concello en el caso de que, a lo largo de la investigación, resulte imputado algún cargo público municipal. Rábade destacó, a la vista de lo que ha trascendido de las declaraciones del agente que estuvo destinado en sanciones durante años, que encuentra contradicciones entre lo que Antonio Balea dijo en el Juzgado y su lucha en vía contenciosa para conseguir volver al citado puesto.
Rábade, en respuesta a los periodistas, recordó que la investigación judicial que afecta a la Policía Local deriva de la llevada a cabo por la presunta retirada irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico (en ella declaró el propio Rábade como imputado). Aseguró que el gobierno local no hará juicios paralelos.
En cuanto a lo que ha trascendido de la declaración en el Juzgado número tres del agente Antonio Balea, Rábade opinó, por un lado, que avala la política del gobierno local para la reestructuración de la Policía Local. Por otra parte, ve en la declaración de Balea una contradicción (afirmó que la unidad de sanciones, propiamente, no existía ni él tenía nombramiento de jefe) con la batalla judicial que libra, en el campo laboral, para que se le reponga en el puesto de sanciones (actualmente está adscrito a la policía de barrio). También insinuó Rábade que en la fase de instrucción no se está obligado a decir la verdad.
Junta de personal
El presidente del órgano de representación laboral de los funcionarios, Jesús Expósito, lamentó ayer que el gobierno local no facilite asistencia letrada a los trabajadores del Ayuntamiento que han sido citados por el juzgado. Expósito señaló que los funcionarios citados han tenido que aportar considerables cantidades de dinero para los gastos de asesoría, lo que incide de modo grave en su economía familiar.
El mismo representante sindical indicó que los miembros del gobierno local, con los años que llevan al frente del Ayuntamiento, debían de conocer las necesidades de los servicios.
Hay que señalar que el hecho de que el Concello se haya personado como acusación en la citada investigación judicial ha causado profunda sorpresa en numerosos funcionarios.