La Xunta confirma el derribo de una nave ilegal en Balmao

B.?L.

LEMOS

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, organismo dependiente de la Consellería de Territorio, ordenó oficialmente la demolición de una nave industrial existente en el lugar de Balmao, en la parroquia sarriana de Betote, dedicada al sector de la madera. La orden fue publicada en el Diario Oficial de Galicia de ayer debido a que, según hace constar ese organismo, no fue posible notificársela directamente al propietario, Pablo López Murado, por no estar localizable. Sin embargo el empresario sí estaba localizable ayer y afirmó no tener conocimiento de nada porque tampoco había visto el DOG , por lo que se mostró muy sorprendido ya que consideraba que estaba todo solucionado.

Según la cédula publicada ayer notificando la reposición de la legalidad urbanística, la citada agencia dictó el pasado 9 de junio una resolución declarando ilegalizables las obras promovidas por Pablo López Murado, «executadas en solo rústico, sen autorización urbanística autonómica». Señala también que por medio del anuncio publicado ahora se ordena la demolición de la nave dado que otra notificación remitida al interesado fue devuelta por el servicio de correos «por resultar o seu destinatario ausente na repartición».

La empresa, que se dedica a la venta de puertas de madera, está en la zona industrial de Balmao, en la que hay alrededor de una docena de naves aunque casi todas del otro lado de la carretera. Inicialmente López Murado tenía el negocio en el bajo de su casa, a la entrada de Sarria. Posteriormente adquirió un terreno en Balmao y construyó la nave para trasladar la empresa, funcionando allí desde hace unos seis años, según manifestó el propietario.

El empresario afirmó ayer que se estaba enterando en el momento de ponerse en contacto con él La Voz. Reconoció que hace seis años tuvo «uns problemas, pero mandóuselles un escrito e documentación e, como niste tempo non volvín saber máis nada, pensei que xa estaba todo solucionado».

No desveló cuánto dinero había invertido en la compra del terreno y en la construcción de la nave, pero «chegoulle bén», según su propia expresión. Con respecto al futuro, desconoce qué pasará. Debido a la sorpresa que, según dijo, le causó la orden de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, no sabe las iniciativas legales que deberá emprender ni tampoco quiso aventurar qué puede pasar con la empresa si la nave finalmente es demolida.