«Muy sorprendido porque no esperaba que le pusiesen una multa tan fuerte». Así se quedó un funcionario lucense al conocer la respuesta a una denuncia que había presentado contra la Xunta de Galicia en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el año 2006. No en vano, de uno de los apartados del documento recibido -«Acuerdo de inicio de procedimiento de declaración de infracción de Administraciones públicas»- se desprendía que la Administración autonómica podría tener que pagar una multa de entre 300.506,06 y 601.012,10 euros por haber incurrido en una infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
¿El motivo? La web de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza había publicado en su web, sin filtros, la relación de los más de 600 beneficiarios de las ayudas del Fondo de Acción Social Autonómico. Un listado que enseguida se había expandido sin control por Internet, apareciendo colgado, entre otros puntos, en varios portales sindicales.
Satisfecho por que la consellería de Presidencia «ha reaccionado y en los fondos [...] publicados recientemente no hay ya posibilidad de conocer datos personales», y consciente de que en la actual situación de crisis económica «una sanción como la propuesta haría desviar recursos que pueden ser empleados en políticas sociales y apoyo a los más necesitados», el denunciante decidió enviar una carta a la AEPD solicitando «que se deje sin efecto la sanción que pudiera producirse finalmente».
Es un organismo público
Sin embargo, la Xunta no tendrá que abonar ninguna sanción económica ya que es un organismo público. La confusión la aclararon en el gabinete de prensa de la Agencia de Protección de Datos: «Si el infractor es una Administración pública, la sanción no es económica, sino que se le insta a que tome medidas para evitar esa situación y que se repita».
El funcionario de Lugo que hace dos años vio indignado cómo los datos de la prestación económica por una discapacidad que recibía su mujer por medio del Fondo de Acción Social autonómico circulaban sin control por Internet quiere dejar claro que la demanda que presentó en la Agencia Española de Protección de Datos defendía también a las más de «seiscientas personas que salieron con sus nombres, apellidos, DNI, datos del libro de familia... en esas listas».