Alrededor de 40 de los cien propietarios de terrenos afectados por la construcción de la línea que suministrará energía eléctrica al nuevo hospital participaron ayer en una reunión informativa para estudiar la postura que adoptarán ante las propuestas de la empresa. El acto, celebrado en el edificio sindical, fue organizado por la asociación Ventonoso, vinculada al sindicato Unións Agrarias. Aunque quedó de manifiesto la preferencia por la opción de que los cables vayan enterrados, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez Otero, explicó los pasos legales del proceso de ocupación de las fincas y dio pautas de negociación y desveló las tácticas que suelen utilizar las empresas eléctricas para conseguir los derechos de paso a bajo coste.
La línea, que tiene una longitud de 3,4 kilómetros, va desde la zona próxima al transformador de Santa María de Muxa hasta el centro hospitalario y los afectados son vecinos de este lugar y de San Vicente de Pedreda. Uno de los asistentes aseguró que la empresa Barras Eléctricas dispone de un plazo de cuatro meses para la construcción de la línea y Diéguez dijo que legalmente ese período es incumplible y que si el proceso llega al juzgado, podrán tardar varios años en tener la instalación operativa.
La mejor solución
Vecinos y ponente coincidieron en asegurar que soterrarla es la mejor solución, como hacen en la mayor parte de los países avanzados de Europa. Sin embargo, para ello es necesaria la presión de la población y en los demás países también cuentan con la de las instituciones locales. Aquí, según lo dicho, las empresas descartan esa posibilidad porque resulta mucho más cara que el tendido aéreo.
El presidente de la asociación dijo que la ley establece que las líneas eléctricas deberán evitar las propiedades privadas cuando exista la posibilidad de ir por terrenos públicos. Ante esto, algunos de los asistentes aseguraron que esta línea podrá ser enterrada ocupando sólo terrenos del Ministerio de Fomento si transcurre por el lateral de la autovía.
El dirigente de Ventonoso dijo que si la empresa sigue el procedimiento habitual, intentará llegar a un acuerdo con los afectados pero generalmente lo hacen a través de consultoras, que va a tratar de conseguir los terrenos al menor precio posible. En este caso, los afectados juegan con la ventaja de que afecta a una zona de expansión.