La Justicia injusta es la que llega tarde, la ineficaz o la negligente; la que no fue citada ni por Zapatero ni por Rajoy en sus debates ni en sus mítines. Cuando ellos iban en campaña, un pederasta venía de matar a una niña, a pesar de haber sido condenado en firme por violar en 1999 a su hija de cinco años, de reincidir con otra de nueve en Sevilla, de acosar a una adolescente de 13 en Gijón..., pero sin pisar la cárcel.
Al inicio de esta semana que acaba con un escándalo de eco internacional, el presidente nombró portavoz parlamentario a José Antonio Alonso, amigo y uno de sus mejores ministros. La prioridad que le marcó para la legislatura consiste en pactar con el PP la crisis jurídica, que a los ojos y en las carnes de la élite política no es la Justicia injusta, sino el reparto de poder entre togados afines de las sillas del Tribunal Constitucional o del Consejo del Poder Judicial. Les inquieta menos la eficiencia del sistema que la eficacia de su control político.
Cabreada hasta la médula por la imposibilidad de disimular un error judicial trágico, la vicepresidenta propuso el viernes dejar para cuando se enfríe la polémica (para cuando se olvide; para nunca) el debate sobre el endurecimiento de penas a pederastas. El objetivo primordial del Gobierno es otro: buscar un culpable con el que eludir responsabilidades. El primero señalado es el juez sevillano que condenó a Santiago del Valle por abusar de su hija, pero que no veló por el ingreso en prisión del reo. El magistrado es carne de cañón, aunque delegue las culpas en una funcionaria del juzgado que lleva meses de baja laboral, la cual si aparece acabará culpando al cartero. Los despropósitos del caso Mari Luz son tan bárbaros que con un juez no basta, por lo que algún otro del CGPJ puede ir poniendo las barbas a remojo.
El Gobierno obtendrá sus cabezas de turco, pero que alguien pene por la negligencia que permitió la muerte de Mari Luz no curará la desafección entre las prioridades judiciales de la gente y las de la clase política. Antes del caso del payo pederasta que presuntamente mató a la niña gitana de Huelva (la maldad no es un rasgo racial, aunque no lo crean en Mesoiro o Monte Porreiro) hubo otros errores por indolencia, descoordinación o escasez de medios con consecuencias de igual dramatismo. Y otros vendrán porque la Justicia está mal dotada, mal gestionada, y a nosotros, votantes, nos convencen antes con una paga de 400 euros que con una modernización radical del sistema judicial.
Santiago del Valle acabará muy mal. Dentro de las prisiones hay códigos para pederastas que se ejecutan a sangre fría y sin asomo de negligencia; un delito detrás de otro. Fuera de la cárcel probablemente todo continúe igual hasta la siguiente Mari Luz: la Justicia siendo tantas veces injusta, y la cobardía política por miedo a perder votos boicoteando la apertura de un debate sobre la cadena perpetua o sobre conceptos penales en vigor en otros países como la «peligrosidad social», que buscan evitar la reincidencia cuando no hay reinserción. ¡Y que más peligroso social que un violador en cadena!