LA TRIBUNA | O |
13 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.En cuanto a la alarma social, concuerdo en que este caso puede generarla, pero no porque el PSOE haya criticado la orden de cierre. La genera primero quien denuncia y segundo quien acuerda el cierre. Es decir, el alcalde y la junta de gobierno. Pero por mucha alarma que la incompetencia del alcalde pueda crear, los titulares de explotaciones pueden estar tranquilos, porque como usted sabe la Ley 9/2002 dice: «Las instalaciones agropecuarias existentes a la entrada en vigor de esta ley que no estén amparadas en la preceptiva licencia urbanística, podrán mantener su actividad». Es una pena que el alcalde de Sarria no la cumpla.