?l consenso que parece surgir del Concello de Ourense debe alcanzar también a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. Las primeras, por su capacidad de intervenir eficazmente en la persecución del delito, y la segunda por aplicar las medidas disciplinarias que permite la ley. Representantes de ambos colectivos saben que su papel es determinante, pero no único. Será el vandalismo un problema policial o judicial, pero sobre todo es social. Avelino de Francisco, comisario jefe de la Policía Nacional, coincide con la necesidad de que haya un gran pacto para resolver esta cuestión, para lo que pide colaboración, pero también atribuye una gran responsabilidad a la familia. Cree que los destrozos que muchos jóvenes causan en el mobiliario urbano y los espacios públicos las noches del fin de semana «son el resultado claro de los excesos que cometen muchos chavales sobre todo después de un consumo abusivo de alcohol». De Francisco matiza que no se puede dejar toda la responsabilidad en los cuerpos de seguridad: «Las familias deben ser las primeras en advertir este problema y reflexionar sobre lo que hacen sus hijos, ya que muchos padres sospecho que lo ignoran». El paso siguiente sería analizar la educación que reciben «y los valores que priman una sociedad como la de hoy». Recuerda que la aplicación de la ley «permite medidas correctoras y ejemplarizantes». La fiscalía Con esos supuestos coincide el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Florentino Delgado. El representante del ministerio público cree que después de descubrir a los autores, «hay que dar una respuesta proporcional a los hechos, aunque sean menores, porque tanto si el autor es menor de edad como si no lo es, la legislación permite actuar con eficacia». Delgado aborda la cuestión de la reeducación como un factor a subrayar. Pero matiza: «Los delincuentes tienen que saber que lo han hecho no está bien y tienen que hacer frente con sus responsabilidades a lo que han hecho mal». El fiscal indica que «hay que poner coto inmediato al vandalismo como divertimento» y que es necesario aplicar «la tolerancia cero» con los que practican estos actos. Sostiene que el ordenamiento jurídico tiene instrumentos eficaces para combatir este problema y que a los que promueven actos vandálicos «hay que obligarles a que reparen los daños o hagan trabajos en beneficio de la comunidad». En todo caso, coincide en que el asunto es complicado y requiere también un amplio debate social.