El funcionario fue juzgado ayer por una presunta usurpación de atribuciones El pleno municipal aprobó una propuesta suya para que no se le retuviese el salario
12 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?l secretario del Ayuntamiento de Antas, Francisco Torrente Hortas, fue juzgado ayer en Lugo, por un presunto delito de usurpación de atribuciones, en concurso medial con un delito de abandono de familia. El fiscal pidió que le fuese impuesta una pena de un año de cárcel y seis meses de multa a razón de 12 euros diarios. A su vez, el representante de la fiscalía reclamó que sea suspendido de empleo y cargo público por un plazo de unos dos años. También tendrá que afrontar, en concepto de responsabilidad civil, las cantidades que no pagó en concepto de pensión. Los hechos, según la acusación pública, ocurrieron el 25 de septiembre del año 2003. El secretario y asesor jurídico del Concello de Antes elevó al pleno municipal una propuesta para dejar sin efecto una orden de retención de su salario, dictada en el año 2001 por el juzgado de Chantada. El fiscal cree que el acusado se aprovechó del desconocimiento de la corporación para llevar a cabo la propuesta. Presuntamente dijo a los concejales que se trataba de un proceso administrativo y que el Concello tenía potestad para dejar sin efecto la orden. Al secretario supuestamente le retenían 781 euros para el pago de la pensión a dos hijos menores. El abogado defensor pidió que se tuviese en cuenta la eximente de estado de necesidad por entender que el pleno aprobó la suspensión como consecuencia de la «asfixia y agonía económica del secretario que cobraba 1.250 euros y debía pagar en pensiones el 80%». Francisco Torrente dijo que tenía que pagar cuatro pensiones, que estaba a su cargo su madre minusválida y una hija. También incidió en que su salario no le daba para todo porque el 20% que le queda, no le llega para pagar el transporte de Lugo a Antas. «É inconstitucional. Non podo pagar máis do que gano. Nesas circunstancias non podía traballar», expresó. Definió la situación como «kafkiana y esperpéntica, que explica o mal funcionamento da Xustiza». «Síntome orgulloso de ser asesor jurídico do concello porque en 25 anos, non tiven ningún problema», comentó. También dijo que la persona que le reclamaba las pensiones había «falsificado as súas circunstancias de vida: reside nun piso de luxo, e o colexio ao que van os fillos vale 600 euros». Además, contó que los pequeños incluso hacían equitación. La madre de los pequeños expresó que éstos no recibieron la pensión de agosto a noviembre del 2003, lo que supone 3.124 euros. Declaró que el acusado vive de su salario y de las tres pensiones de su madre y añadió que creía que no tuviese «asfixia económica».