Una pizarrera acusaba al funcionario de falsedad documental y de negociaciones prohibidas El juez no apreció indicios de delito en las diligencias de investigación realizadas
15 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?l Juzgado de Instrucción número 2 archivó una querella criminal presentada presentada por una pizarrera contra el entonces jefe de servicio de Energía y Minas de la Delegación de Industria, Juan Antonio Gálvez García, por los delitos de falsedad documental y de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, y de abuso en el ejercicio de sus funciones. Los posteriores recursos presentados por el representante legal de Pizarras Vega no fueron admitidos. La querella se basaba en las supuestas pérdidas que le había generado a la pizarrera la denegación de una concesión para una explotación minera que se derivaba de un permiso de investigación denominado Virxe da Pena . Estaban cuantificadas en 6.631.509 euros. «De las diligencias de investigación llevadas a cabo en las presentes actuaciones -señala el auto que ordena el sobreseimiento provisional de las diligencias previas- no se deducen motivos suficientes que justifiquen la prosecución de las presentes actuaciones, toda vez que lo que fueron indicios que motivaron la iniciación de las presentes diligencias han quedado desvanecidos». «No se acredita -añade- ni siquiera indiciariamente la comisión del delito referente a las negociaciones prohibidas a los funcionarios, y abuso en el ejercicio de sus funciones, sin que consten las relaciones, que la parte querellante pretende hacer valer para entender que el querellado se hubiera aprovechado de su actividad profesional para participar de forma directa o por persona interpuesta en la denegación del permiso de explotación». Otra jurisdicción En el análisis de si existió la falsedad documental que se propugna en la querella, el auto judicial apunta que no es posible determinar en el ámbito jurisdiccional en el que se encuentra «si dicha resolución denegatoria lo fue ajustada o no a derecho, correspondiéndole a otra manifestación jurisdiccional». El auto contra el que se presentó recurso de reforma por parte del representante de la pizarrera y posteriormente apelación ante la Audiencia Provincial, apunta que si a juicio del querellante concurren «los requisitos exigidos para obtener la concesión de explocación, lo haga valer por los cauces administrativos y jurisdiccionales adecuados y mediante los recusos oportunos». El juez en este mismo auto deniega la práctica de diligencias solicitadas. El recurso de apelación es admitido a trámite, pero la sección segunda de la Audiencia Provincial en un auto apunta que no puede proseguirse la tramitación en el ámbito penal. Señala que habrá de ser otra jurisdicción la que «determine la posibilidad y acierto en la compatibilidad de concesiones y permisos pero sin que, desde luego, es este ámbito criminal el que deba de entender ni de lo relativo a las posibles causas de recusación ni a la pretendida falsedad ideológica derivada de informes técnicos realizados por facultativos en el ejercicio propio de su función». Uno de los argumentos esgrimidos por la pizarrera en sus recursos fue el de que la cantera beneficiada por la denegación del permiso a Pizarras Vega es otra en la que trabaja en calidad de colaborador o empleado el hijo del ex jefe de servicio de Minas. Juan Antonio Gálvez es el actual jefe de Administración Industrial de la Delegación de Industria de Lugo.