Todas las ex trabajadoras de la firma textil han cobrado los atrasos La Administración se ha hecho cargo de los pagos a causa de la desaparición de los empresarios
07 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?ás de un año después del sorpresivo cierre de Lismar, todas las ex trabajadoras de esta firma textil de Chantada han cobrado ya los atrasos y la indemnización que reclamaban tras el cese de actividad de la empresa. Finalmente, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tuvo que hacerse cargo de todos los pagos, después de que el juzgado social de Lugo que se hizo cargo del asunto fuese incapaz de localizar a los dueños de la empresa, que no acudieron a ninguno de los juicios que se celebraron. Las primeras reclamaciones judiciales partieron de un grupo de doce de las dieciocho empleadas que formaban la última plantilla de Lismar, que el 6 septiembre denunciaron formalmente que no cobraban sus nóminas desde el mes de junio. Después, tras el cierre, estas doce trabajadoras, representadas por la CIG, sumaron a estas primeras demandas otras en las que reclamaban el cobro de las indemnizaciones por su despido, ya que los empresarios se limitaron a cerrar la fábrica sin pagarles ni anunciar el cese de actividad a las autoridades laborales. Después fueron presentaron reclamaciones judiciales similares las otras seis afectadas. Desde 1977 La resolución final del caso se demoró más de la cuenta por la actitud de los dueños de la empresa. Los empresarios no acudieron a ninguno de los actos de conciliación ni a los juicios convocados por el juzgado. En la práctica, desaparecieron del mapa el 24 de septiembre en cuanto echaron el candado a las instalaciones. Fue su despedida de un negocio que llevaba abierto desde 1977 y del que se habían hecho cargo en sólo unos meses antes. Uno de los juicios tuvo incluso que ser suspendido por la incomparecencia del titular de la empresa, Manuel Cea y de su socio, José Ramón Rey. Pero finalmente, fueron cayendo las sentencias una a una. En la primera resolución administrativa dictada tras la clausura no oficial de la empresa llegó de la Inspección de Trabajo, que multó con 12.000 euros a los administradores de Lismar por incurrir en un cierre patronal no comunicado. En los juzgados, los dueños de Lismar tampoco tuvieron suerte. Todas las sentencias avalaron, primero, el derecho de las ex empleadas a cobrar las tres últimas mensualidades en las que pudieron trabajar; y después, ordenaron el pago de las indemnizaciones por despido. Trece meses después del cierre, las antiguas instalaciones de Lismar continúan inactivas. La fábrica no ha vuelto a abrir y nadie espera que lo hagan pronto, a pesar de que en su interior continúa la maquinaria que le permitió sostenerse durante casi treinta años en el mercado textil gallego, vendiendo pantalones de marca propia y fabricando otras prendas para firmas como Zara, Caramelo o Roberto Verino.