Los expertos destacaron la obligación de informar adecuadamente al enfermo La experimentación clínica también fue abordada en el foro del Colegio de Lugo
20 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?daptarse a la Ley Básica de los Derechos de los Pacientes quizá suponga más de una generación, según señaló ayer el magistrado de la Audiencia Provincial y especialista en derecho sanitario, José Antonio Varela Agrelo. Participó en unas jornadas sobre Novedades legales en la relación médico-paciente, organizado conjuntamente por los colegios oficiales de médicos y de abogados de Lugo. En el foro de debate participaron Javier Sánchez Caro, abogado de la Seguridad Social y director de Bioética de la Comunidad de Madrid, que habló sobre el deber de información y de la excepción terapéutica. Recordó que los pacientes tienen derecho a recibir información de su médico sobre el proceso en el que está sumido, de forma accesible y adecuada. Puntualizó, sin embargo que había que completarlo en otras ocasiones con otros consentimientos. Se refirió a los tratamientos curativos estandarizados, que requieren información y consentimiento del paciente; a la experimentación terapéutica, que precisa además autorización sanitaria; a la investigación con seres humanos, que requiere también el visto bueno de un comité ético y el auxilio a morir, que relacionó con la eutanasia y dijo que era el que generaba mayores problemas por las barreras entre el derecho a morir y el encarnizamiento terapéuticos. El magistrado lucense, que intervino en segundo lugar desarrolló las cuestiones relacionadas con la historia clínica, la confidencialidad, la propiedad y el acceso, además del consentimiento en el caso de menores e incapaces. Destacó los problemas que genera un documento que nace para el paciente, pero que suscita interés para otras cuestiones. Habló de su utilidad en procesos penales y civiles. Varela Agrelo comentó un caso práctico de consentimiento que se le planteó con un paciente que renunció a una intervención quirúrgica que le podría haber salvado la vida. Supuso que el médico pusiera el caso en manos del juez, que habló con el interesado, requirió un informe psiquiátrico y finalmente autorizó al facultativo a respetar la libre decisión del paciente. A Ignacio Sáncho Gargallo, profesor ordinario de la Escuela Judicial de Barcelona le correspondió tratar sobre el testamento vital y sus límites, junto con la revocación de este testamento. El profesor Gerard Paloudier, decano de la Facultad de Odontología Legal tuvo que ser sustituido a última hora por un problema familiar. Tenía encomendado hablar sobre la coordinación europea en derecho sanitario. Al final hubo un animado debate entre los asistentes.