Carlos de Inglaterra vetó varias leyes que afectaban a sus propiedades
INTERNACIONAL
El heredero al trono utilizó la misma prerrogativa que su madre, Isabel II
11 feb 2021 . Actualizado a las 09:59 h.De tal palo, tal astilla. El príncipe Carlos de Inglaterra ha seguido el ejemplo de su madre, la reina Isabel II, y a lo largo de las últimas décadas ha puesto objeciones y reparos a decenas de proyectos de ley presentados por los sucesivos gobiernos y parlamentos, entre ellas dos que afectaban a sus propiedades.
La revelación la hizo el diario The Guardian en una nueva entrega de las investigaciones sobre el uso que la soberana ha hecho de la polémica figura del consentimiento real a lo largo de su reinado. Se trata de un mecanismo muy antiguo que autoriza al monarca a presentar observaciones y sugerencias a ministros y diputados sobre las iniciativas legales que puedan afectar sus potestades y los intereses de la Corona.
Pero la reina no es la única que puede utilizar esta prerrogativa de dudoso carácter democrático, pues su sucesor también está habilitado para usarla, según se lee en la web del Gobierno británico. Y de acuerdo con el diario londinense Carlos de Inglaterra no ha dudado en hacerlo. Así desde 1970 hasta el 2020 habría puesto pegas a 275 proyectos de ley.
Inquilinos por siempre
La investigación, basada en cientos de documentos oficiales de los Archivos Nacionales, señala que el príncipe de Gales habría hecho observaciones a textos de distinta naturaleza, desde el que prohibió la caza del zorro a los referidos a las herencias. Aunque desde Clarence House, su residencia, rechazaron precisar cuáles fueron los cambios que persiguió, el diario halló dos casos donde la legislación mutó para favorecer al heredero al trono o mantener sus ventajas. Se trata de dos reformas a la legislación sobre arrendamiento ocurridas en 1993 y el 2002. En las modificaciones se establecieron cláusulas que impiden a los inquilinos comprar las casas que están en tierras propiedad del futuro rey.
El príncipe de Gales, por su condición de segundo en la línea de sucesión, administra miles de hectáreas de tierra, agrupadas en el llamado Ducado de Cornualles. Allí hay explotaciones ganaderas y agrícolas, pero además cientos de viviendas en pueblos y aldeas, por cuyo arrendamiento el hijo mayor de Isabel II obtiene unos 24 millones de euros anualmente.
Los ciudadanos pueden alquilar viviendas por plazos largos, de hasta 100 años, pero no pueden comprarlas. ¿La razón? Algunas de las leyes aprobadas por el Parlamento, tras la intervención del príncipe o de la reina, han establecido que aquellas casas que tienen «valor histórico o arquitectónico» no pueden ser adquiridas.
Las reformas legales han dejado a cientos de británicos sin posibilidad de progresar económicamente, porque no pueden pedir hipotecas por las casas donde viven ni tampoco las pueden dejar en herencia a sus descendientes. Además quienes han pagado por el derecho a vivir a largo plazo ven que no pueden recuperar su inversión una vez que el tiempo del contrato se reduce.
El Palacio de Buckingham negó que la reina o el príncipe hayan maniobrado para favorecer sus intereses. «El consentimiento de la reina es un proceso parlamentario, donde el papel del soberano es puramente formal. Cualquier afirmación de que la soberana ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta», afirmó un portavoz de Isabel II, el cual recordó que la última palabra siempre la tiene el Parlamento.