Hay que interpretar el lenguaje diplomático: donde Theresa May dijo ayer que había tenido «una robusta conversación» con Jean-Claude Juncker durante la cumbre europea, hay que entender que casi llegan a las manos. Y no es para menos. May lucha por su supervivencia política y Juncker por no tener que volver a hablar de este asunto de nuevo con los 27. Una y otra vez se lo han dicho a May: no habrá cambios en el tratado. Pero lo que sí puede ofrecerle la UE es la especialidad de la casa: una «clarificación» que, no obstante su nombre, añada suficiente ambigüedad a la interpretación del acuerdo como para que pueda significar una cosa y la contraria.
El contencioso más sobresaliente, el llamado «tope irlandés», podría resolverse de esa manera. Este mecanismo requiere que Irlanda del Norte tenga una frontera económica con el resto del Reino Unido para evitar restablecer la frontera entre las dos Irlandas, y los críticos de May temen que se convierta en algo permanente en vez de en un arreglo provisional como está previsto. Una declaración en la que ambas partes se comprometan a aplicar este mecanismo «de buena fe» podría ser suficiente legalmente. Pero otros puntos controvertidos no son tan fáciles de solucionar con declaraciones o adendas: por ejemplo, el papel de árbitro que el acuerdo otorga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas porque el propio tribunal, en su papel de árbitro, podría anular cualquier declaración que limite su autoridad.
En algún sentido retorcido, esta intransigencia europea conviene a May, porque fortalece su argumento de que «su brexit» es el único posible. Puede que tenga razón, aunque la verdad es que el acuerdo es terrible para Gran Bretaña. Es normal que no satisfaga a casi nadie. Y esa es la cuestión: la UE ya no cree que May pueda hacer que el Parlamento lo apruebe. Lo que nos lleva a la famosa cuestión del segundo referendo: la UE cree que, si se mantiene firme, los británicos podrían acabar renunciando al brexit por completo. Puesto que, para presionar al Parlamento, May no ha hecho preparativos para el caso de un brexit unilateral y ha asustado a los británicos con esa posibilidad, el segundo referendo, piensan en Bruselas, podría acabar siendo su única salida.
Pero se habla con demasiada ligereza de esa posibilidad, cuando la realidad es que se trata de un camino lleno de obstáculos. Dejando a un lado el dilema ético y democrático de votar de nuevo lo que ya se ha votado, es improbable que May convoque la consulta. Sería necesario, por tanto, que el partido laborista adoptase oficialmente el objetivo de un segundo referendo (algo que no ha hecho todavía), que hubiese unas elecciones y los laboristas las ganasen, convocasen la consulta y la ganasen también, nada de lo cual está garantizado.
Todo esto debería ocurrir antes del 29 de marzo, que es cuando Gran Bretaña tendrá que abandonar la UE, y, aunque el plazo podría extenderse por acuerdo mutuo de la UE y el Reino Unido, la extensión tendría que solicitarla todavía May. A esto hay que añadir el tiempo necesario para aprobar la legislación que conlleva el referendo (la vez anterior llevó siete meses). Si ese es el plan de la UE, es francamente arriesgado.