Luisa Ortega se niega a acudir al juicio que le abrió el Supremo
05 jul 2017 . Actualizado a las 07:46 h.En una maratoniana sesión el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela enjuició a la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, declaró sin lugar un recurso de esta para recusar a los 17 magistrados del organismo, a los que acusó de usurpación de funciones, y designó una vicefiscal sancionada por violación de los derechos humanos en Estados Unidos, arrogándose las competencias de la Asamblea Nacional para su designación. Ortega, que anunció que desconocería las decisiones del tribunal, señaló que se estaba «consumando un golpe de Estado».
La fiscal no acudió a la comparecencia para su antejuicio de mérito, señalando que no se prestaría a un «circo que teñirá nuestra historia con violencia y dolor». Señaló que el Supremo es «inconstitucional e ilegítimo» y afirmó que si, en cinco días establecidos por el máximo tribunal, este decide removerla del cargo, «no me quedará otra que ayudar a restablecer la democracia. Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona (en 2002)».
El Supremo designó como vicefiscal a Katherine Harington, la única civil venezolana sancionada por supuesta violación de derechos humanos en Estados Unidos, en la llamada “lista Obama”, de 2015. Harington ha enjuiciado, entre otros, al alcalde Antonio Ledezma, quien se encuentra preso en su casa desde hace dos años y medio sin que se le haya comenzado un juicio en su contra. También ayudó a la destitución de la Asamblea Nacional de María Corina Machado, dirigente de la oposición. Se le ha acusado, incluso, de ser corresponsable del suicidio, en los calabozos de la policía política, de Rodolfo González, un sexagenario detenido en el marco de las protestas contra el Gobierno de Maduro en 2014.
Harington, quien fue viceministra de Interior tan pronto como surgieron las sanciones de Estados Unidos, dejó de ser fiscal en 2015 y en aquel momento Ortega la defendió. Ahora sustituye a Rafael González, vicefiscal designado por Ortega y ratificado apenas el lunes por la Asamblea Nacional. La estrategia del Supremo es destituir a Ortega y que el puesto lo ocupe Harington.
En el centro de la acusación contra Ortega se halla la designación de los magistrados del Tribunal Supremo en diciembre de 2015 por la anterior Asamblea Nacional, vulnerando los lapsos de postulación, y que la fiscal dice no haber suscrito. Al menos ocho de los trece magistrados principales designados no cumplían, según documentos que se filtraron, los requisitos para los cargos que ocupan hoy. Según la Constitución, solo la Asamblea Nacional puede destituir a Ortega.
La oposición continuó con sus actividades de protesta con un nuevo trancazo que se concretó en cientos de puntos viales de toda Caracas y las principales ciudades del resto del país. La protesta se extendió a lo largo de seis horas, con numerosos focos de violencia, especialmente en el este de Caracas y en ciudades que han sufrido fuerte represión como Barquisimeto y Maracay.