La Justicia amenaza a Capriles con la cárcel si no para las protestas
INTERNACIONAL
El Supremo extiende su amenaza a 13 alcaldes opositores
03 jun 2017 . Actualizado a las 09:40 h.El hartazgo del chavismo con las protestas opositoras no hace sino crecer y como la represión policial no ha servido para aplacarlas ha decidido enfilar sus baterías contra sus organizadores. Así, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, que ha convocado y encabezado buena parte de las marchas que se han registrado en Caracas, que les ponga coto, so pena de destituirlo y encarcelarlo.
La amenaza figura en la sentencia número 389 que la Sala Constitucional dictó el jueves y en la cual respondió afirmativamente una demanda que un grupo de vecinos del este de Caracas interpusieron contra el mandatario regional, al que acusaron de no garantizarles su derecho al libre tránsito y obstaculizar la prestación de servicios públicos como la recogida de las basuras.
En el dictamen, el Supremo mandó a Capriles a impedir «reuniones o manifestaciones de personas en las vías públicas y que coarten el libre tránsito». Asimismo le ordenó realizar «todas las acciones y (que) utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos» en su estado y proceder a «la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a estas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la movilidad urbana».
La Sala le recordó al dos veces candidato presidencial opositor que debe cumplir su instrucción, pues de lo contrario le aplicará el artículo 31 de la Ley de Amparo, que castiga con hasta año y medio de cárcel a quien desacate una sentencia. En el 2014, esta norma fue aplicada a dos alcaldes opositores, quienes fueron destituidos y enviados a un calabozo, en medio de críticas por cuanto esa instancia no está faculta para privar de libertad a nadie.
Aunque Capriles, por su condición de gobernador está aforado, el Supremo está controlado por el chavismo (30 de los 32 magistrados simpatizan con el Gobierno), lo que dispara la posibilidad de levantarle esta protección si la Fiscalía se suma.
El dirigente opositor no ha sido el único el objetivo del TSJ. 13 alcaldes recibieron las mismas amenazas, obviando que las policías locales y regionales no tienen legalmente facultades en control de orden público.
Más muertos
Venezuela amaneció ayer con la noticia de que el número de víctimas que ha dejado la represión a la ola de protestas subió a 62, pues en la noche del jueves falleció María Rodríguez, de 46 años, tras recibir un disparo mientras participaba en una protesta en la ciudad de Barquisimeto, situada a unos 365 kilómetros al oeste de Caracas.