¿Está funcionando el sistema puesto en marcha por la Unión Europea para afrontar la crisis de los refugiados? El jueves, Bruselas se apresuró a manufacturar un poco de optimismo: de los 225 inmigrantes llegados entre el domingo y lunes a las islas griegas, se había pasado a solo 68 entre el martes y el miércoles. Pero eran pocos datos para observar una tendencia y, de hecho, entre el jueves y el viernes la cifra volvió a subir a 149. Sigue sin ser significativo estadísticamente. Tendrán que pasar semanas hasta que podamos hacernos una idea de si las nuevas normas tienen algún efecto disuasorio.
También habrá que esperar para ver cómo funciona la otra parte del sistema, la más delicada: el procedimiento de devolución. Las deportaciones que se han llevado a cabo desde el domingo hay que considerarlas simbólicas, y en gran medida engañosas. De las menos de 300 personas devueltas a Turquía, la casi totalidad eran ciudadanos pakistaníes; es decir, inmigrantes económicos sin derecho a asilo. Ni el triunfalismo de las autoridades europeas ni el escándalo de las organizaciones humanitarias estaban justificados. La deportación de estas personas, que ni siquiera habían intentado reclamar el estatus de refugiado, es perfectamente legal de acuerdo con la legislación internacional y griega, que tiene una ley al respecto desde el 2002. El acuerdo UE-Turquía resulta intrascendente en estos casos. Pero la UE quería mandar un mensaje de firmeza a sus socios más escépticos y las organizaciones humanitarias querían poner el listón de la indignación lo más alto posible; un gasto inútil de energías por ambas partes.
La hora de la verdad llegará cuando la UE empiece a procesar las solicitudes de asilo de los sirios, lo que sucederá, en teoría, a partir de mañana o pasado. Las autoridades griegas aseguran que cada caso se resolverá en nueve días. Parece demasiado optimista, considerando que Grecia cuenta con menos de trescientos funcionarios especializados en todo el país y que los refuerzos prometidos por la UE todavía no han llegado.
Al problema logístico le seguirá inmediatamente el legal, que girará en torno a un único asunto: la consideración que se ha dado a Turquía de «país seguro». Si lo es, efectivamente, ninguno de los sirios llegados desde allí puede considerarse un refugiado. Se trata de una cuestión más subjetiva de lo que pretenden unos y otros. Así que el asunto acabará, casi con toda certeza, en manos del Tribunal Europeo de Justicia, que puede dar la razón a Bruselas o hacer una interpretación hiper-garantista del derecho y quitársela. En ese caso, el sistema de asilo de la UE saltaría de nuevo por los aires, sin una alternativa clara y en medio de un debate interno cada vez más ingobernable.
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